Un tribunal de justicia de Ecuador aceptó este viernes la apelación fiscal a la inocencia del informático sueco Ola Bini (amigo del fundador de WikiLeaks Julian Assange), procesado por acceso ilegal a sistemas de cómputo del Estado, y lo condenó a la pena de un año de prisión y una multa de 1.840 dólares.
La Fiscalía del Estado, en un mensaje de su cuenta de la red X, indicó que una Sala de Apelación revocó el estado de inocencia emitido por otro tribunal de justicia en enero de 2022 y condenó al informático.
«Con voto de mayoría, Sala de Apelación acepta el pedido de Fiscalía, revoca la sentencia que ratificó su estado de inocencia y declara al procesado culpable del delito de acceso no consentido a un sistema informático, en grado de tentativa«.
«Con esta sentencia, los jueces le imponen una pena privativa de libertad de un año y ordenan el pago de una multa de cuatro salarios básicos unificados», que suman 1.840 dólares.
Bini, a principios de marzo pasado, ya había advertido una supuesta falta de imparcialidad en el tribunal de apelación, pues dijo que era el mismo que hace cinco años le negó la libertad cuando cumplía una orden de prisión provisional.
El sueco de 41 años fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que el Gobierno ecuatoriano, presidido entonces por Lenín Moreno (2017-2021), pusiera fin al asilo de Julian Assange en su embajada en Londres.
Ello llevó al arresto del australiano fundador de WikiLeaks en Reino Unido, sometido también a la petición de Estados Unidos para que sea extraditado a ese país, donde enfrentaría cargos por haber filtrado información reservada que puso en peligro a agentes de inteligencia del Gobierno de Washington.
La Fiscalía de Ecuador había acusado a Bini por la sospecha de que había accedido sin autorización al sistema de la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.
No obstante, la defensa de Bini, que ha negado enfáticamente los cargos, criticó la acción fiscal y denunció una serie de irregularidades en el proceso que debió haberse sustanciado en 2019, pero que fue suspendido en repetidas ocasiones. EFE
