Un atraco pendiente a la CFN

Eduardo Carmigniani

Guayaquil, Ecuador

Hoy 5 de abril, a las 2 p. m., debe efectuarse la audiencia de segunda instancia en uno de los casos más aberrantes que registra la antología de las, por ser piadoso, irregularidades judiciales, pues al menos hay prevaricato. Se trata de la apelación en contra de la sentencia que hace un año dictó el juez Segundo Orlando Tito Álvarez, de la Unidad de Violencia contra la Mujer de Guayaquil. Ahí, de un plumazo, a guisa de una acción de protección, mandó a que la CFN pague nada menos que USD 20 millones por un supuesto daño patrimonial a una empresa privada.

Esa audiencia se ha postergado múltiples veces. La primera, convocada para el 21 de septiembre de 2023 a las 11h25, no se dio pretextando que el tribunal no estaba integrado pues “mediante llamada telefónica el señor Juez Abg. Johann Marfetán Medina hizo conocer… …que había solicitado licencia de 10h00 a 12h00 del día de hoy” (y ahora ya sabemos cómo se cotizaban esas curiosas ausencias, de dos horas, convenientemente coincidentes con audiencias a boicotear).

Los jueces hoy a cargo son Carmen Vásquez Rodríguez (ponente), quien siempre estuvo en el caso, y dos nuevos, por el inmarcesible guirigay de la Corte del Guayas: Juan Paredes Fernández y Demóstenes Díaz Ruilova, en reemplazo de José Daniel Poveda Araus (caso Purga) y Miguel Costain Vásquez (renuncia).

El tema es simple y debiera ser resuelto sin rodeos: la empresa Dinaser demandó en 2019 unas facturas impagas, por USD 700.000, por guardianía. Ganó el juicio y la CFN se los pagó, con intereses, allá por junio de 2022. Caso terminado, entonces. Pero como la angurria no tiene límites, vino un segundo capítulo. El reclamo de daños “extracontractuales” presentado vía acción de protección, argumentando habérsela forzado a cobrar la deuda judicialmente (como si las cortes no estuviesen creadas, precisamente, para eso).

Ese impresentable reclamo llegó donde el juez Tito. Y este, mondo y lirondo, mandó a que la CFN pague USD 20 millones, declarando que dizque había afectado el derecho de Dinaser “a desarrollar actividades económicas puesto que al no pagarles y al dilatar los procesos judiciales provocó un déficit en el flujo… …generando despidos a sus empleados, gastos en honorarios profesionales, y por la falta de pago de sus planillas una posible debacle a sus finanzas”.

El tufo a dolo es inocultable: el juez Tito ni siquiera se incomodó en constatar que la utilidad de Dinaser en 2016, cuando no tuvo problemas de cobro a la CFN, no llegó a USD 89.000.

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