La Cancillería de Ecuador informó que presentó una demanda contra México ante la Corte Internacional de Justicia, situada en La Haya de Países Bajos, por violaciones a una serie de obligaciones internacionales, perpetrada desde el 17 de diciembre del 2023, entre ellas, el hospedaje en su embajada en Quito, y posterior asilo del exvicepresidente Jorge Glas.
Este trámite para juicio fue presentado un día que la Corte Internacional de Justicia empiece su primera audiencia pública sobre la demanda de México a Ecuador por haber irrumpido en su embajada para sacar a Glas, quien actualmente está preso en la cárcel La Roca.
La demanda interpuesta por Ecuador también califica como injuriosas las declaraciones efectuadas por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sobre las elecciones anticipadas el año pasado.
Ecuador afirma que México ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos de Estado receptor, como no intervenir en los asuntos internos del Estado receptor y no usarlos locales de la misión de forma incompatible como las funciones de la misión diplomática, como indica la Convención de Viena.
Dicho acuerdo internacional también se refiere a que otros Estados no deben brindar asilo a personas que estén siendo procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes.
De igual manera, Ecuador acusa a México que ha violado los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otras naciones conforme a los siguientes acuerdos:
- Carta de las Naciones Unidas,
- La Carta de la Organización de los Estados Americanos
- La Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996,
- La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003;
- y el derecho internacional consuetudinario
Según Ecuavisa, Ecuador solicita a la Corte Internacional de Justicia que juzgue y declare las consecuencias jurídicas para los Estados Unidos Mexicanos, derivadas de sus presuntos hechos internacionales ilícitos.
La Cancillería informó que la Procuraduría General del Estado tiene a su cargo el patrocinio de este caso ante este tribunal internacional.