Guayaquil, Ecuador
Con la crisis eléctrica que atraviesa nuevamente nuestro país, la actividad productiva está teniendo consecuencias concretas con las desconexiones programadas para determinados consumidores industriales. Se atribuye el problema al incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad, al crecimiento de la demanda, corrupción y fallos en la contratación pública.
Pero todo esto no es más que síntomas de un problema mayor lo que estamos viviendo es en realidad el resultado de un sistema energético estatal ineficiente, monopolizado y burocrático que no permite la iniciativa privada.
En términos económicos cuando los mercados están bajo control estatal sin competencia se pierde información esencial para el uso alternativo de los recursos, aplicado a nuestro país, un sistema eléctrico dominado por decisiones administrativas y burocracia difícilmente podrá descubrir tecnologías, ubicaciones y capacidades oportunas de inversión.
Además, cuando las órdenes y ejecuciones dependen de autorizaciones, planes centrales y procedimientos burocráticos ese conocimiento puede no traducirse en nuevas inversiones. Y con un gobierno con déficit fiscal, tampoco existe el presupuesto.
Con todo esto, la pregunta que deberíamos estar haciendo es: ¿por qué la seguridad energética del Ecuador depende tanto de que el gobierno acierte en sus previsiones, priorice correctamente sus inversiones y ejecute sus proyectos a tiempo? Cuando los proyectos se retrasan y la generación disponible no cubre el consumo, los políticos terminan administrando la escasez mediante restricciones.
Por otro lado, en un mercado energético con apertura a la iniciativa privada en libre competencia, libertad de precios y reglas estables, la escasez puede estimular nuevas inversiones, pero estas oportunidades solo se convierten en proyectos si existen incentivos, reglas previsibles y posibilidades reales de entrar al mercado.
Por lo que, las soluciones estructurales y de largo plazo para poner fin de una vez por todas no pasa por sustituir un plan estatal por otro sino por permitir la entrada de nuevos actores al mercado.
Hay que fomentar la generación privada sin discriminaciones y reglas claras; dar seguridad jurídica con garantías de pago creíbles; precios y contratos que transmitan la escasez remunerando adecuadamente la energía disponible; facilitar la autogeneración cuando sea viable y fomentar la diversificación energética para dejar de depender del clima.
La energía no debe estar subordinada a los tiempos, intereses y decisiones de la política. Es hora de dejar de tratar la electricidad como un asunto exclusivo del Estado y reconocerla como un ámbito de libertad económica, inversión y competencia.
