En un escenario de alta tensión política y judicial, el presidente Daniel Noboa llevó a cabo actividades con los candidatos locales de Durán, coincidiendo de forma simultánea con el impacto y las repercusiones generadas por la reciente detención de la líder opositora y excandidata presidencial, Luisa González.
Mientras el movimiento Revolución Ciudadana denuncia lo que califica como una «persecución política» y una afectación directa a la institucionalidad a pocas semanas de los comicios locales, el Ejecutivo mantiene su agenda territorial. El mandatario concentró su presencia en el conflictivo cantón de Durán para respaldar a los cuadros oficialistas que disputarán las elecciones en esta plaza de alta relevancia estratégica.
La coyuntura judicial que sacude al país
La detención de Luisa González se efectuó la madrugada del jueves 22 de octubre en la localidad de Canuto, provincia de Manabí. La Fiscalía General del Estado argumenta que la medida forma parte del caso ‘Laberinto’, donde se investiga un presunto delito de lavado de activos vinculado con inconsistencias en el financiamiento electoral y gasto en publicidad de la campaña presidencial de 2023.
Este nuevo frente judicial se suma al proceso previo conocido como ‘Caja Chica’. A raíz de estas investigaciones, el Tribunal Contencioso Electoral suspendió temporalmente la personería jurídica de Revolución Ciudadana, impidiéndole postular candidatos con sus siglas propias y obligando a sus militantes a recurrir a alianzas externas para aparecer en la papeleta de noviembre.
Respuestas y posturas políticas
- El correísmo en movilización: Figuras de la oposición y el propio expresidente Rafael Correa tildaron el arresto de «secuestro político» y «arbitrariedad». Representantes del movimiento anunciaron movilizaciones hacia la capital y la presentación de denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos.
- La agenda del oficialismo: Desde Carondelet y el partido de Gobierno se ha insistido en la independencia de las funciones del Estado, señalando que los operativos responden estrictamente a competencias judiciales de la Fiscalía y la Policía Nacional. La actividad proselitista en Durán busca consolidar el control territorial frente a la crisis que atraviesa la oposición.
La simultaneidad entre los allanamientos y detenciones de figuras opositoras con las caminatas y mítines del oficialismo intensifica el debate público sobre las garantías democráticas a solo cinco semanas de que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir alcaldes y prefectos. (I)
