Quito, Ecuador
El secuestro de los cuatro niños en Las Malvinas, Guayaquil, el 8 de diciembre de 2024, ha sacudido la conciencia de un país marcado por la impunidad y la violencia. Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años; Saúl Arboleda, de 15; y Steven Medina, de 11, fueron arrebatados por hombres con uniformes militares, bajo un supuesto operativo de seguridad. A tan sólo unos metros de su vecindario, los menores fueron subidos a la fuerza a una camioneta y desaparecieron sin dejar rastro. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, más de una semana después, las familias siguen esperando respuestas, atrapadas en la angustia de la incertidumbre.
Si se tratara de nuestros hijos, aquellos que crecen en entornos privilegiados, con acceso a educación y bienestar, este caso tomaría una dimensión completamente distinta. ¿Acaso no clamaríamos justicia enfurecida e inmediatamente si fueran nuestros niños los que hubieran sido víctimas de este horror?
La tragedia de los niños de las Malvinas no sería ignorada ni justificada por su origen en barrios marginales, ni se aceptarían los intentos del gobierno de lavarse las manos. La vida de un niño no debería ser menos valiosa por el contexto en el que nace. Sin ánimo de hacer de esto un tema de clases sociales, no puedo evitar señalar una realidad: ¿cuántos no comparten este caso sólo porque no se trata de los suyos? La indiferencia hacia su sufrimiento no sólo perpetúa la injusticia, sino que la alimenta. No debemos esperar a que el daño llegue a nuestras puertas para exigir un cambio; cuando las víctimas son ajenas, la indiferencia sólo refuerza la tragedia.
Este caso no sólo recalca la vulnerabilidad de los menores, sino también la ineficiencia de un Estado que se muestra incapaz de protegerlos. El drama humano se agrava al ocurrir justo antes de la Navidad, un momento destinado a la unión familiar, y que, en lugar de eso, ha dejado a los padres de los niños sumidos en rezos de rosarios de cuentas sin términos.
Este suceso revive el fantasma de las desapariciones forzadas que sigue presente en el país. Casos emblemáticos como el de los hermanos Restrepo (1988) o el «Caso Fybeca» (2003), ya mostraban cómo el secuestro se utilizaba como herramienta de represión política, y hoy vemos cómo lógicas similares se aplican en entornos de creciente violencia. En este nuevo caso, incluso los supuestos uniformados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana son investigados por su presunta participación en la detención y posterior abandono de los menores.
Las investigaciones, que incluyen a unidades especializadas como la UNASE, DINAPEN y la Unidad de Personas Desaparecidas, han avanzado lentamente. La aparición de mensajes extorsivos y falsas alertas sólo ha sumado confusión a una situación ya de por sí desgarradora. A pesar de la movilización de la Fiscalía y las autoridades, lo que parecía ser un secuestro organizado ahora se complica con testimonios y pruebas contradictorias.
Lo ocurrido subraya una amarga verdad: la violencia y la impunidad siguen siendo parte del día a día de Ecuador. Mientras el país busca justicia, sigue enfrentándose a un sistema que, por miedo o ineficacia, no logra garantizar la protección de sus ciudadanos más vulnerables. Las familias de los cuatro niños exigen respuestas, pero el país entero debe también reflexionar sobre el impacto de la impunidad que persiste y se reproduce en cada caso no resuelto.
Es crucial que el caso de los menores desaparecidos no se convierta en un tema de politización, especialmente en el contexto de la campaña presidencial. No podemos permitir que este doloroso episodio sea utilizado como una herramienta para obtener réditos políticos ni que el gobierno intente «lavarse las manos» frente a su responsabilidad. Las desapariciones forzadas son un asunto de derechos fundamentales, no un tema electoral. Los políticos deben respetar el dolor de las familias y comprometerse sinceramente con la justicia. Las víctimas y sus seres queridos merecen respuestas claras y contundentes, no ser utilizados como peones en una estrategia electoral.
Es de conocimiento público, que el Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, atribuyó la desaparición a “grupos delincuenciales”, mientras que por otro lado fuentes policiales confirman que habría unos ocho uniformados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana investigados por la desaparición. No es correcto que el gobierno afirme de manera tajante, sin realizar investigaciones creíbles y transparentes, que no tienen responsabilidad en un caso tan grave.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas dice en su artículo 2 que: “se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Por favor, que alguien le diga al Ministro.
En un artículo anterior explico como situaciones como estas, es fundamental llevar a cabo una investigación independiente, imparcial y exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Cuando las autoridades apresuran conclusiones sin una investigación adecuada, se corre el riesgo de ocultar pruebas, perpetuar la impunidad y generar desconfianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia. Además, estas declaraciones pueden obstruir el derecho de las víctimas y sus familias a recibir el debido proceso, violando principios esenciales de justicia y derechos humanos. Las autoridades deben investigar con seriedad todos los hechos denunciados, incluso si involucran a las fuerzas de seguridad o al mismo Estado.
El Estado debe asumir su responsabilidad y el sistema judicial responder de manera más efectiva y transparente, creando unidades especializadas en la investigación de desapariciones forzadas y garantizando la formación continua de jueces y fiscales en derechos fundamentales. De igual manera, asegurar financiamiento adecuado para las instituciones encargadas de la búsqueda, proporcionar asistencia psicológica a las víctimas y proteger a los testigos resulta vital.
La cooperación internacional es clave para implementar políticas adecuadas y que se respete el marco jurídico internacional: El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Desaparición Forzada son los mecanismos internacionales encargados de abordar estos crímenes, con el mandato de apoyar a los Estados y a las víctimas en su erradicación y prevención. Finalmente, la sociedad civil también juega un rol esencial denunciando las desapariciones, luchando por la justicia y presionando a las autoridades para implementar leyes efectivas contra las desapariciones forzadas. Es hora de actuar y exigir justicia.
La vida de cada ser humano tiene valor inherente; no debemos permitir que tragedias de este tipo sean minimizadas o desatendidas simplemente porque provienen de sectores menos favorecidos. Si estos niños desaparecidos no hubieran sido de Las Malvinas, sino de barrios como Quito Tenis o Mocolí, ¿acaso la respuesta hubiera sido la misma? Este no es un asunto de clases sociales, sino de derechos humanos. La indiferencia ante los hechos refleja una profunda injusticia. Todos deberíamos preocuparnos y exigir respuestas, porque lo que está en juego no son sólo cifras, sino seres humanos que merecen justicia y dignidad.
