El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador ratificó este miércoles el archivo de un proyecto de ley que causó controversia en plena campaña electoral al proponer sanciones a las iglesias que emitiesen manifestaciones de carácter político o promoviesen conductas contrarias a los derechos humanos o libertades fundamentales durante sus actividades religiosas, lo que podía ser castigado incluso con su disolución.
Con 97 votos a favor y 4 abstenciones, el Legislativo ecuatoriano confirmó el archivo definitivo de esta iniciativa legislativa denominada Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, presentada por la asambelísta correísta Esther Cuesta.
El texto establecía también que las iglesias fuesen objeto de auditoría por parte de la Contraloría General del Estado (Tribunal de Cuentas) al uso de los fondos públicos entregados a estas organizaciones religiosas.
Tras generar controversia y críticas en plena campaña electoral, la entonces candidata presidencial del correísmo, Luisa González, ordenó que se retirase.
La iniciativa legislativa fue duramente criticada por la bancada parlamentaria del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), el partido del presidente Daniel Noboa, que en los comicios presidenciales fue reelegido para el periodo 2025-2029.
La Conferencia Episcopal también celebró en un comunicado que el correísmo diese marcha atrás con este proyecto de ley, al que el episcopado ecuatoriano calificó de «malintencionado, deficiente, sectario, peligroso e inconstitucional».
Durante el debate para su archivo definitivo, el asambleísta Adrián Castro, de ADN, indicó que «no se requiere legislación secundaria para la libertad religiosa».
«Este proyecto normativo representaba un aumento de gasto público, privilegios tributarios, e interfiere con los dogmas de fe católica», sostuvo el parlamentario oficialista.
«Es inconstitucional, toda vez que buscaba crear un Consejo Consultivo», agregó el legislador, al enfatizar que «la fe y la religión no pueden estar supeditadas a ningún precepto político».
Por su parte, el asambleísta Carlos Rodríguez indicó que la religión debe ser con libertad y cada ecuatoriano debe profesar sus creencias sin delimitaciones.
Mientras, Paul Buestán, del movimiento Construye, comentó que «toda vez que el Ecuador es un Estado laico, esta Ley de Libertad Religiosa pretendía generar tributos». EFE (I)