Quito, Ecuador
La madrugada del 15 de mayo pasado, un grupo de ganaderos y agricultores de Mocache patrulló su territorio; equipados con linternas, radios y escopetas, localizaron a dos vecinos secuestrados y avisaron a la Policía. Ese día la prensa informó un alza del 40 % en delitos de vías rurales. Aunque el Estado reclama el monopolio de la fuerza, nuestros campesinos los campesinos aseguran que esa fuerza nunca llega. Este fenómeno se reproduce en cantones que van de Quevedo y Buena Fe, en Los Ríos, hasta Jama, en Manabí, y San Lorenzo, en Esmeraldas: patrulleros sin combustible, fiscales desbordados y carreteras en ruinas.
El artículo 158 de la Constitución confiere en exclusiva a la Policía y a las Fuerzas Armadas el uso legítimo de la fuerza, pero esa prerrogativa se convierte en letra muerta cuando la patrulla oficial tarda horas —o incluso días— en atender un auxilio, si es que llega a hacerlo. Así, la ley se diluye en una promesa vacía que no ampara ni la vida ni la producción agrícola.
De ese vacío surge el dilema moral y legal de la autodefensa: organizar patrullas armadas y recorrer armados nuestros caminos es, a la vez, un acto desesperado y rebelde ante una amenaza que paraliza cosechas y empobrece familias. El Código Orgánico Integral Penal sólo ampara la legítima defensa ante una agresión actual e inminente; las rondas “preventivas” o la retención de un sospechoso pueden constituir la privación ilegal de libertad o la asociación ilícita. Así, el campesino pasa de víctima potencial a presunto victimario. ¿Es justo perseguir al ciudadano que llena el vacío estatal con su propio cuerpo y fusil?
¿Héroes, infractores o ambas cosas a la vez? Los anticuatreros son salvadores rurales que rescatan ganado y personas; sin embargo, la misma prensa documenta abusos, linchamientos y confusiones trágicas. Su fortaleza es el arraigo territorial; su talón de Aquiles, la improvisación sin controles ni auditoría. Convertidos en jueces y policías, el margen de error crece con cada incursión nocturna.
Los casos de México y Colombia ilustran el riesgo.
- En 2013, las autodefensas de Michoacán expulsaron a un cártel pero, tras un intento fallido de integrarlas en la Policía Rural, se fragmentaron y fueron cooptadas por nuevos grupos criminales.
- Las Autodefensas Unidas de Colombia, creadas como escudo contra la guerrilla, se volvieron paramilitares responsables de masacres y desplazamientos masivos.
Estos ejemplos demuestran que, sin controles democráticos, la autodefensa reproduce la violencia que pretende erradicar.
También existen ejemplos fuera de América Latina y en países no hispanohablantes.
- Nigeria – Civilian Joint Task Force, nació en 2013 para frenar a Boko Haram y llegó a sumar 26 mil voluntarios; ONGs documentan ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores y violencia sexual por parte de sus patrullas.
- Haití – Movimiento “Bwa Kale”, en 2023 linchó y quemó a presuntos pandilleros, redujo los secuestros, pero dejó 160 muertes en un mes. Según expertos, la situación corre el riesgo de una espiral de represalias y reclutamiento de menores.
- Brasil – Milicias de Río de Janeiro (años 90s), surgieron como patrullas para-policiales contra los narcos, hoy controlan servicios de transporte, gas, vivienda e internet y cobran “protección” en muchas favelas. Han perpetrados ataques, incendiando más de 35 autobuses, cuatro camiones y un tren en represalia por la caída de un líder, desafiando el monopolio estatal de la fuerza.
- Sudáfrica – PAGAD (1996) para enfrentarse a las pandillas de los Cape Flats, pero derivó en células armadas (i.e. G-Force) responsables de asesinatos y atentados—entre ellos la bomba colocada en Planet Hollywood en 1998, y fue proscrito en 2000 como grupo terrorista.
La advertencia para Ecuador es clara: se siembra un germen paramilitar. La combinación de armas, financiamiento ilícito en nuevas zonas de cultivo y ausencia estatal facilita que las rondas improvisadas evolucionen en milicias permanentes,capaces de disputar territorio, cobrar “vacunas” y erigirse en árbitros de la vida rural. Sin una respuesta institucional, estas milicias podrían integrarse al crimen organizado o ser usadas políticamente, convirtiendo a las comunidades en rehenes de un poder armado incontrolable.
En publicaciones anteriores he advertido que la erosión del monopolio legítimo del uso de la fuerza y de la recaudación fiscal por parte del Estado ha abierto un vacío que aprovecha el crimen organizado. En Ecuador, los GDOs han ocupado ese espacio, ejerciendo funciones coercitivas informales y, mediante “vacunas”, administran una recaudación fiscal paralela que genera miles de muertes anuales.
Ecuador dispone de una solución normativa poco aprovechada: los Comités Locales de Seguridad, previstos en la Ley de Seguridad Pública y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), cuya operatividad se ve frenada por las pugnas políticas entre los gobiernos centrales de turno y los seccionales. Estos comités facultan a los municipios para coordinar con la Policía y la comunidad el diseño e implementación de políticas de prevención y protección. Formalizar las rondas campesinas, sin armas letales y bajo protocolos claros, permitiría transformar la autodefensa en una política pública eficaz; solo hacen falta voluntad política y recursos de la Gobernación, las alcaldías y el Ministerio del Interior.
Además, la seguridad rural —y la seguridad en general— demanda un enfoque de desarrollo integral: iluminar caminos, rehabilitar carreteras y garantizar el acceso a internet son tan indispensables como la vigilancia. No bastan patrullajes ocasionales; se necesita una presencia estatal permanente y coordinada en el territorio.
Cada noche que los habitantes de Mocache patrullan sus caminos, el Estado renuncia un poco más a su deber de proteger la vida. Cuando el Estado abandona un territorio, la inseguridad se desborda y la confianza ciudadana se quiebra. No se trata de desarmar a quienes defienden su hogar, sino de integrar esa iniciativa en un marco legal con protocolos claros y apoyo logístico. En esa encrucijada entre la ley y la urgencia de supervivir, los vecinos han optado por protegerse. Corresponde ahora a la democracia ofrecerles vías legítimas de defensa sin criminalizarlos ni dejarlos a la deriva —antes de que el vacío estatal sea ocupado por un paramilitarismo—. Dejar que el Estado fracase en un rincón equivale a renunciar a la seguridad de todos.
