El Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, decidió este miércoles, 11 de junio, no dar paso a la investigación sobre presuntas irregularidades en el contrato entre el Ministerio de Energía y la empresa estadounidense Progen, relacionado con la instalación de plantas eléctricas.
El asambleísta correísta, Blasco Luna, propuso incluir el tema en el orden del día de la sesión, pero la mayoría oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN7), con apoyo de cinco miembros de la facción aliada de Pachakutik, bloqueó la iniciativa.
La moción obtuvo 71 votos a favor y 76 en contra. ADN7 logró recuperar el respaldo de la segunda vicepresidenta del Parlamento, Carmen Tiupul, y del parlamentario por Pachakutik, Manuel Choro, quienes un día antes no habían apoyado la aprobación de la Ley de Inteligencia.
El correísmo sumó el apoyo de los tres asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC6), así como los votos de Sergio Peña y David Arias, exintegrantes de la Revolución Ciudadana (RC5), que fueron expulsados por respaldar propuestas del oficialismo.
Luna cuestionó que los equipos eléctricos traídos al país no serían nuevos, sino reacondicionados, y que no cumplirían con los requisitos técnicos necesarios. Una de las intenciones de su propuesta era que la ministra de Energía, Inés Manzano, comparezca ante el Pleno para explicar los detalles del contrato con Progen.
Discrepancias
Alfredo Serrano, del PSC6, criticó que ADN7 y sus aliados se nieguen a permitir la comparecencia de la Manzano, pese a que la denuncia sobre el contrato proviene del propio Ejecutivo.
Cuestionó que se esté repitiendo una práctica antes atribuida al correísmo, al archivar procesos de fiscalización como lo hizo la Comisión de Fiscalización y Control Político con la solicitud de juicio político contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
La bancada oficialista se defendió señalando que la intención del correísmo no era fiscalizar, sino interferir en la gestión de los ministros del presidente reelecto, Daniel Noboa.
La asambleísta oficialista, Inés Alarcón, rechazó que estas decisiones signifiquen una pérdida de la función fiscalizadora de la Asamblea.
«Cada parlamentario puede fiscalizar y hacer requerimientos de información, y puede hacerlo desde su despacho y entregar un informe con los resultados al Pleno de la Asamblea», detalló.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
