Guayaquil, Ecuador
“No immigrants, no food, no farms”, expresó Alan Schreiber, agricultor de espárragos del estado de Washington, en una entrevista con KING5 de Seattle. Esta frase resume la paradoja central de la economía agrícola de EE. UU., donde los controles y la política migratoria contradicen la lógica productiva del agro.
Estados Unidos depende en gran parte del empleo de inmigrantes para sostener su producción agrícola y ganadera. Sin embargo, las normativas restrictivas y los controles fronterizos dificultan o impiden la llegada y permanencia de este personal esencial.
Esta paradoja se hace evidente cuando, por un lado, el sector agropecuario necesita del trabajo de los trabajadores extranjeros para funcionar; y, por otro lado, el sistema migratorio limita su participación legal.
Esta contradicción no es nueva, sino el resultado de decisiones políticas pasadas, en particular de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que puso fin al Programa Bracero. Este programa, desde 1942, autorizaba la entrada de trabajadores mexicanos temporales para labores agrícolas.
La ley tuvo el efecto contrario al esperado, ya que se incrementó el empleo extranjero irregular, especialmente en sectores donde la necesidad de mano de obra era más urgente. Fue un fracaso de legislación, puesto que los propietarios de los predios agrícolas no mejoraron los salarios ni las condiciones laborales —que seguían siendo duras, al igual que hoy— para atraer ciudadanos estadounidenses.
Esto provocó una escasez de personal, y el resultado fue una dependencia aún mayor de indocumentados, con las consecuencias legales, económicas y sociales que persisten hasta hoy.
La PEW Research Center estima que en Estados Unidos existen un total 11 millones de empleados que trabajan sin autorización en los diversos sectores de la economía: agropecuario (53 %), construcción (15 %), manufactura (9 %), servicios (9 %), transporte (6 %) y otros (8 %).
Según datos del US. Bureau of Economic Analysis (BEA), en 2025, más de 2.4 millones de personas están laborando en el sector agropecuario. El 60% de estos son inmigrantes, y aproximadamente la mitad no cuenta con estatus legal. Son ellos quienes realizan las tareas físicas más intensas, con jornadas largas, bajo condiciones climáticas adversas y con escasa protección laboral.
Sus tareas son fundamentales para mentener la alta productividad y garantizar el funcionamiento de la cadena alimentaria del país.
De acuerdo con la misma fuente, el 65 % tiene actividades en las áreas de hortícultura y fruticultura, mientras que el 35 % trabaja en ganaderías de leche y carne, así como porcicultura y avicultura.
La mayoría provienen de México y Centroamérica, sobre todo de Guatemala, y gana en una hora, lo equivalente, en promedio a un día de trabajo en sus países de origen.
La revista Farm Journal ha informado que las redadas migratorias han provocado la salida de más de 1.2 millones de trabajadores del sector agrícola en este año. Esta situación agrava la situación de escasez de mano de obra, especialmente en los estados de mayor producción agroalimentaria.
Se estima que en California, Texas, Arizona, Florida, Georgia y Washington, el 30% de la cosecha quedaría sin recogerse por falta de personal, afectando productos como hortalizas (cebollas, tomate, brócoli , lechugas,entre otras) y frutas (manzana, duraznos, cítricos,entre otras). Ante este panorama, los agricultores podrían decidir reducir las siembras o incluso no sembrar.
Asimismo, se proyecta que los precios de los productos mencionados aumenten entre un 15 % y 25 %. A nivel nacional, el costo de producción agrícola se ha incrementado en 18 % en comparación con 2024, mientras que los tiempos de distribución se han extendido hasta un 40 % en algunas regiones.
En el caso de la leche, estudios realizados por la Universidad de Cornell indican que una disminución en la oferta laboral de inmigrantes, en las dimensiones actuales, reduciría la cantidad producida y aumentaría su precio en 30 %. Si la reducción fuera total, el precio podría subir hasta niveles del 70 %.
Esta crisis está generando un debate profundo sobre la urgente necesidad de una reforma migratoria, que reconozca la realidad productiva del sector agropecuario, frente a las acciones de control fronterizo.
Mientras se sigue discutiendo la necesidad de reformas migratorias para trabajadores temporales, en paralelo, se está avanzando con innovaciones tecnológicas que permitan reemplazar el trabajo manual especialmente en labores intensivas como la cosecha de frutas y hortalizas, así como en tareas que requieren ciertas destrezas y criterio.
Entre las tecnologías que se están implementando se encuentran los robots de recolección automatizada, drones, tractores autónomos que funcionan sin conductor, maquinaria inteligente que no requiere operadores, inteligencia artificial y sistemas de datos.
No obstante, estas innovaciones requieren inversiones elevadas, lo que limita el acceso a una parte considerable de pequeños y medianos productores. Por lo tanto, en el corto y mediano plazo, esta adopción tecnológica no será generalizada.
¿Por qué es tan difícil solucionar el problema de los indocumentados? La situación de las personas migrantes en el campo sin papeles es compleja, determinada por la dependencia económica del sector agrícola, las leyes migratorias rígidas, la falta de voluntad política y las dificultades para proteger sus derechos.
Los dueños de las haciendas y consumidores se benefician del empleo con salarios bajos, mientras que los procesos legales para regularizarlos son costosos y limitados. La polarización impide reformas estructurales, y el miedo a la deportación dificulta la denuncia de abusos.
Muchos han ingresado sin documentos por décadas, a través de redes familiares o comunitarias, lo que ha facilitado la informalidad sin necesidad de recurrir al sistema de visas.
Ante esta realidad, análisis realizados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), recomiendan equilibrar las necesidades del mercado con la protección de los empleados. Para ello, se requiere una combinación de regularización, incentivos económicos y control gubernamental que permita enfrentar el problema.
Esto implicaria reformar el programa de visas H-2, destinado al ingreso temporal de extranjeros para empleo en el sector agrícola.
En complemento a esta medida, se recomienda regularizar a quienes laboran en condiciones informales, mediante una ley que estabilice la fuerza laboral. También se plantea sancionar con mayor severidad a empleadores que contraten ilegalmente.
Más allá de las decisiones que adopte Estados Unidos, la raíz del problema se encuentra en nuestros propios países latinoamericanos. Mientras continúe la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades, la inmigración de personas indocumentadas persistirá.