Guayaquil, Ecuador
Hace pocos días se presentó oficialmente el Índice de Burocracia 2025 en el Ecuador, llevado a cabo en nuestro país por el Adam Smith Center for Economic Freedom y el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP). Este índice que se enfoca especialmente en la mediana empresa, mide la cantidad de horas y trámites necesarios para abrir y operar una compañía en diferentes países, cuantificar los costos económicos, el impacto que esto tiene en la productividad nacional y el efecto sobre la inversión.
Los resultados para el Ecuador muestran que todavía tenemos mucho por mejorar, abrir una empresa en nuestro país puede llegar a tomar más de 1493 horas, el equivalente a 187 jornadas laborales de 8 horas, o dicho de otra forma, 9 meses de trabajo. Si bien la apertura de negocios ha mejorado gracias a la implementación de la figura de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que esperemos se mantenga a través del tiempo. El mayor problema burocrático se encuentra en los trámites específicos según la actividad económica.
Sectores tan importantes para nuestra economía como empresas bananeras, camaroneras, construcción o transporte deben esperar meses y en algunos casos hasta un año para poder cumplir con todas las obligaciones que exigen los diferentes ministerios y agencias gubernamentales. A esto se suman los casos de trámites duplicados e incluso, contradictorios, como la obligatoriedad de tener permiso de operación antes de constituir una compañía, causados por arbitrariedad, falta de claridad y reglas claras en las normas.
Las recomendaciones de este estudio apuntan a la reducción de la carga burocrática y la claridad en el entendimiento de las normas, es decir, reglas claras y estables a través del tiempo.
Si a esto sumamos el hecho de que el Estado ecuatoriano consume más de la cuarta parte de lo que producimos los ecuatorianos, el mantener al gobierno se encuentra siendo una pesada carga que limita el desarrollo.
Los resultados de este estudio pueden servir como una hoja de ruta para el rediseño y mejora de políticas públicas que permitan aumentar y mejorar los niveles de inversión y empleo en nuestro país.
Se deben simplificar y eliminar trámites, lo que también podría dar paso a reducir la corrupción dentro del sistema; buscar la mejor forma de disminuir tiempos y costos para los ciudadanos y empresas. Y finalmente, una reestructuración del gasto público, no regular lo innecesario y que el dinero sea utilizado en actividades que realmente sirvan de beneficio a los ecuatorianos.
Mientras se da paso a la facilidad para la inversión, apertura de empresas, libertad de contratación, libertad financiera, y un Estado que fomente el emprendimiento, la innovación y la competitividad.