Guayaquil, Ecuador
La mayoría de los partidos o movimientos políticos en el Ecuador no son ejemplo de respeto democrático. Todos sabemos que en su interior las decisiones son tomadas por los caudillos o por los “dueños de los partidos” y sumisamente aceptadas por sus incondicionales que están en su entorno.
Estos cortesanos de la política forman un círculo impenetrable de áulicos que son favorecidos permanentemente por el “mandamás”, ocupan puestos importantes o rotan como candidatos a las diferentes dignidades; mientras quienes discrepan son ignorados o simplemente marginados.
La voluntad del “dueño” del partido o movimiento político se cumple o se cumple, esta es una de las razones por las cuales no surgen nuevos líderes que se constituyan en una alternativa dentro de la arena política, en los últimos años quienes han llegado al poder han sido outsiders.
Desgraciadamente, con el Código de la Democracia vigente, no hay esperanza de que surjan partidos o movimientos políticos y auténticos líderes que interpreten la realidad nacional, más bien, muchos de estos movimientos deben acudir al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y registrar sus apellidos en “patentes y marcas”, en vez del Consejo Nacional Electoral, porque sin pudor y sin vergüenza, como en las monarquías, estos pseudo líderes, cuando se cansan de ejercer su autoridad omnímoda o pierden credibilidad, se agazapan esperando nuevas oportunidades.
Hasta tanto traspasan hábilmente el manejo de la dirección del Partido o Movimiento a sus hermanos, hijos o a un incondicional, asegurándose que lo vaya a “traicionar”.
Los partidos o movimientos políticos deben tener una ideología auténtica, con afiliados, que sean ejemplo en la práctica de la democracia, que formen líderes que los representen y así fortalecer el sistema democrático, porque una democracia sin partidos políticos es una democracia anoréxica.
Desde 1830, cuando nació la República, el voto ha sido obligatorio. Pero no existían mecanismos para hacerlo efectivo. Hasta 1947, los ciudadanos debían inscribirse en los Municipios de las ciudades para poder votar y no había ningún control para verificar que hayan cumplido con esta obligación, los fraudes estaban a la orden del día; con la creación de la cédula de identidad, se empezó a llevar un registro de quienes podía hacerlo.
Poco a poco, en las diferentes constituciones se modificaron los mecanismos de sufragio y se amplió el derecho a otros sectores, que tradicionalmente habían estado excluidos, uno de ellos, los analfabetos.
En 1861 se suprimió el requisito de que los votantes tuvieran una propiedad. En 1884 se eliminó la obligación de que los candidatos debían tener un trabajo o renta fija; hasta ese entonces, los postulantes debían tener una renta de 3 000 pesos, que representaba una fortuna. A finales del siglo XIX el salario de un jornalero era de medio real; ocho reales eran un peso. Es decir, con 3 000 pesos se podía cubrir el sueldo de 48 000 empleados.
Para la Revolución Liberal de 1895 el voto, como institución política, tuvo una particular importancia, pues se introdujeron cambios históricos, pero también abrió paso a lo que el historiador y exdiputado Enrique Ayala Mora llamó el ‘oscurantismo liberal’.
Entre lo más destacado de esa época estuvo el cambio de edad mínima para ejercer este derecho: de 21 a 18 años. En 1928, también bajo el control liberal, la Constitución de ese año reconoció por primera vez el voto femenino, luego de que Matilde Hidalgo de Prócel, la primera médica del país, reclamara su derecho en 1924. Esa carta política, además, eliminó el voto militar que estuvo vigente desde 1830.
Pero los retrocesos democráticos también se destacan en ese período. Al Partido Liberal siempre lo cuestionaron por su manejo irregular de los procesos electorales. Según Ayala Mora, esta tienda fue experta en controlar procesos electorales y fraudes sistemáticos. Este comportamiento eclosionó en 1944, al final del mandato del Carlos Arroyo del Río. Uno de los hechos que precipitó su renuncia y desató La Gloriosa, fue la denuncia de un fraude liberal en contra de José María Velasco Ibarra.
A partir de ese momento nació en el Ecuador un nuevo sistema de control electoral. Se creó el Tribunal Superior Electoral, que luego fue Supremo. Y, 34 años más tarde, se reconoció el derecho de los ciudadanos analfabetos de sufragar, aunque de forma voluntaria. Finalmente está la Constitución vigente, que aprobó el voto facultativo para los adolescentes entre 16 y 18 años, militares, policías y extranjeros con cinco años de residencia.
Los partidos políticos y los políticos deben esforzarse por dignificar la palabra política y sobre todo que el ser político no sea una vergüenza.