Quito, Ecuador
En último análisis, las posibilidades de la política no son las posibilidades del derecho, sino las de la fuerza. A Nicolás Maduro le bastó la que tenía para someter a su pueblo durante más de quince años, pero no le resultó suficiente para resistir la fuerza de los Estados Unidos, que lo derrocaron, lo capturaron y lo pusieron en manos de sus tribunales.
Los seres humanos, a lo largo de centurias, se han esforzado en hacer de la fuerza y el derecho una entidad única, de manera que los actos de fuerza sean siempre actos de derecho. La realidad, sin embargo, es distinta y, con frecuencia, mientras la fuerza va por un lado, el derecho va por otro.
En esta situación inciden algunos factores: 1) La proliferación, en el mundo, de regímenes autoritarios, cuyos dirigentes gobiernan contra la ley o fuera de ella. 2) La entronización, en las grandes potencias, de líderes autoritarios con afanes imperialistas. 3) La consolidación del crimen organizado como un poder alternativo al del Estado, y el deterioro de las instituciones democráticas que su fortalecimiento conlleva. 4) La inadecuación de las reglas actuales para enfrentar problemas sociales y políticos que, como el crimen organizado, rebasan las capacidades de control de un solo Estado o, como las dictaduras, exceden la capacidad de contención de las instituciones democráticas. 5) La penetración, en la sociedad en general y en las instituciones culturales, en particular, de un discurso parcializado, el de la izquierda boba, que relativiza el valor del derecho.
Los políticos, profesores y activistas sociales que critican la intervención de Donald Trump en Venezuela y, al mismo tiempo, apoyan la invasión rusa a Ucrania y el despotismo familiar de los Ortega en Nicaragua, son corresponsables del debilitamiento del derecho como mecanismo de regulación de las relaciones internas y externas de los Estados.
Quien ha violado sistemáticamente el derecho pierde su protección y la potestad de invocarlo cuando se encuentra en dificultades. De la misma forma, los que celebran las matanzas de Putin en Ucrania carecen de autoridad moral para acusar a los Estados Unidos de haber violado los principios del derecho internacional con su intervención en Venezuela.
Es cierto que el derecho positivo, en el plano nacional e internacional, está en crisis. Las normas con las que contamos no son suficientes ni adecuadas para enfrentar problemas tan complejos como la dictadura de Nicolás Maduro o el ataque del crimen organizado al Estado de derecho. Necesitamos normas nuevas, nuevos procedimientos.
Mientras tanto, no nos queda más que recurrir al derecho natural, esos principios de aplicación universal que, más que leyes, son virtudes o cualidades morales -la equidad, la justicia, la libertad-, que se fundan en el principio de no hacer a otro lo que se considera irrazonable que le hagan a uno (Thomas Hobbes).
En este sentido, y aunque la captura de Nicolás Maduro constituya una infracción del derecho positivo, se justifica plenamente según el derecho natural. Hay valores esenciales que no siempre se expresan en la ley. Y hay leyes que, a veces, impiden su realización. Cuando los valores y las leyes se oponen, como ha venido ocurriendo en Venezuela, es imprescindible optar: por la libertad de un pueblo oprimido o por el derecho de un Estado a la soberanía, reducido, en la práctica, al derecho a decidir de un dictador.
Las leyes pueden ser injustas, decía Henry David Thoreau. El derrocamiento de Maduro, por lo tanto, más allá de los intereses geopolíticos y económicos que animaron la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, debe ser visto en función de lo que en esencia es: un acto de justicia con el pueblo venezolano, un compromiso con su libertad.