El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió no dar paso al juicio político solicitado contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), tras determinar que la solicitud no cumplía con los requisitos constitucionales y legales para su trámite. Entre ellos, la inconstitencia de firmas en el documento.
La decisión se sustentó en un informe técnico-jurídico elaborado por la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que concluyó que el pedido presentado por el asambleísta Luis Molina contenía irregularidades que invalidaban el procedimiento.
Según la UTL, 16 de las 42 firmas electrónicas de respaldo presentaban problemas en su integridad digital, lo que impide verificar su autenticidad y, por tanto, anula su validez para sustentar un proceso de juicio político.
Las firmas correspondían a asambleístas del correísmo entre los que constan Blasco Luna, Janeth Cabezas, Ricardo Patiño, Milena Jácome, Héctor Valladarez, Roque Ordóñez, Lenín Barreto, Sara Cabrera, Josefina Romero, Héctor Rodríguez, Marcos Alvarado, Jahiren Noriega, Juan Klein, Lizardo Casanova, Ronal González y María Iñiguez. (I)