Guayaquil, Ecuador
Dirigir un país implica manejar intereses económicos, sociales y políticos diversos, procesos más lentos y complejos, y un escrutinio público que no existe en el ámbito privado.
Si bien es cierto, que la experiencia y conocimientos empresariales aportan con herramientas muy valiosas, no siempre la lógica en la gestión de los negocios encaja con el gobierno, que enfrenta múltiples realidades sociales. La idea de que un empresario exitoso posee los atributos necesarios para convertirse en un buen gobernante resulta, a primera vista, razonable y políticamente atractiva. En los procesos electorales, esta percepción suele seducir a los votantes que buscan líderes prácticos, resolutivos y con experiencia en la gestión de recursos.
Las habilidades que los han llevado al éxito en sus negocios —como la maximización de beneficios, la toma de decisiones rápidas, con frecuencia improvisando con intuición— no garantizan un desempeño adecuado en el gobierno, donde las exigencias son distintas y más complejas.
Gobernar implica construir consensos, alcanzar acuerdos mínimos y atender al bienestar común, más allá de los intereses particulares o corporativos. Mientras que en el mundo empresarial la prioridad es la rentabilidad inmediata para el grupo de interés, en la política la legitimidad se sostiene en la capacidad de representar a toda la ciudadanía.
Por ello, la lógica empresarial no reemplaza la lógica de gobierno: administrar un país requiere un tipo de liderazgo que trasciende la búsqueda de ganancias.
Ese liderazgo debe centrarse en la construcción de un proyecto colectivo, basado en la institucionalidad del mercado y orientado al bien común como principio de ordenamiento superior.
Dentro de esta perspectiva, Adam Smith, considerado el padre del pensamiento económico de libre mercado, y Milton Friedman, el principal exponente del neoliberalismo y Premio Nobel de Economía (1976), advertían que los empresarios normalmente anteponen sus propios intereses, buscan limitar la competencia o buscan privilegios del Estado para asegurar sus beneficios.
Por ejemplo, Adam Smith en su obra Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776), conocida comúnmente como La riqueza de las naciones, señala en el Libro I, capítulo X, parte II: “Es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios.”
Este párrafo reflejala desconfianza de Adam Smith hacia los acuerdos entre empresarios y monopolios. En consecuencia, el Estado debe ser cauteloso al concederles poder o privilegios, ya que el interés privado no siempre coincide con el bienestar general.
De manera similar, Milton Friedman, en su obra Capitalismo y Libertad (1962), afirma: “El gran mérito del libre mercado es que no le importa de qué color sean las personas, ni cuál sea su religión; solo le importa si pueden producir algo que alguien quiera comprar. El problema con los empresarios es que están a favor de la libre empresa en general, pero se oponen a ella cuando se trata de ellos mismos.” En otras palabras, el verdadero libre mercado exige coherencia y no un apoyo sesgado.
Ambos planteamientos, aplicados al ámbito político y al gobierno de un país, muestran que la enseñanza de Smith y Friedman advierte sobre una inclinación que se convierte en tendencia: gobernar bajo la misma lógica de decisiones y políticas que favorecen a grupos específicos, reduciendo así la visión del bien común. En el caso del Ecuador, esta tendencia se refleja en el gobierno actual.
Los empresarios son insustituibles para el desarrollo económico y social de un país. Sin embargo, su mentalidad empresarial no necesariamente los convierte en buenos presidentes, pues la lógica empresarial por si sola no basta para gobernar.