Quito, Ecuador
Las grandes organizaciones criminales de la actualidad son, al mismo tiempo, organizaciones políticas y empresariales. Actúan, como es obvio, fuera o en contra de la ley, pero no todas sus actividades -aunque en un inicio hayan sido financiadas con dinero de origen ilegal- son formalmente ilegales.
Las organizaciones criminales se oponen al Estado; pero su oposición no es total, como tampoco su rechazo a las normas y formas de conducta prevalecientes en las sociedades en las que operan. De hecho, estas organizaciones necesitan del Estado y sus normas para, infringiéndolas, valorizar sus actividades y productos.
Hacer lo que no está permitido por la ley, para entregar un producto o servicio legalmente prohibido, afrontando todos los problemas que esto implica, es lo que vuelve valiosas a sus mercancías.
Aunque, para conseguir sus fines, sustraigan al control del Estado ciertos territorios donde imponen la “gobernanza criminal”, estas organizaciones no pretenden sustituir al Estado ni ser un Estado dentro del Estado. Lo que a ellas les interesa, para usar el concepto weberiano de política, es incidir -sin aparecer a cara descubierta- en la conservación, distribución y transferencia del poder estatal.
Las organizaciones criminales actúan como grupos de presión, y sus estrategias principales son el lobby y el soborno, cuando no la fuerza. Gracias a estas prácticas, se convierten en contratistas y proveedoras del Estado, quien, como comprador o usuario de sus bienes y servicios, acaba adoptando el papel de financista del crimen.
A diferencia del caso anterior, en el que la acción política conduce a un intercambio de bienes y servicios por dinero, los criminales, gracias a la infiltración -con la anuencia de los políticos- de agentes suyos en ciertas dependencias estatales, obtienen ingresos directamente del público que hace uso de los servicios que prestan.
Otra de las líneas de la acción política del crimen organizado es incidir en la toma de decisiones tanto del poder ejecutivo como de los poderes legislativo y judicial, a fin de obtener beneficios legales y judiciales, y de moldear en un sentido favorable a sus intereses la política criminal de un país.
La financiación de las campañas electorales de ciertos partidos y movimientos es una de las estrategias principales de las que se valen las organizaciones criminales para incidir en la toma de decisiones de las autoridades elegidas con su apoyo económico y logístico, pero también, la generación de opinión pública a favor de sus candidatos.
De esta manera, el crimen organizado se integra al debate público, y, en cierto modo, lo dirige, ayudándose de trolls cuyas cuentas desempeñan un papel distorsionador muy importante.
Tal y como están las cosas en el país y el mundo, no cabe duda de que el crimen organizado es un actor político, pues la política, según otra de las definiciones de Max Weber, es una empresa de interesados. Las organizaciones criminales no sustituyen a los partidos y movimientos políticos existentes, sino que, tal y como hacen con el aparato estatal, los usan para conseguir sus objetivos.
El crimen organizado, en realidad, no es un enemigo franco del Estado, sino un parásito que crece a su sombra, se alimenta de su sangre y ocupa un lugar en el huésped que lo combate.
Las organizaciones criminales no quieren hacerse cargo del manejo del Estado, sino usarlo; convertirlo en un instrumento a su servicio. Un régimen mixto, civil-criminal, al estilo del que presidió Andrés Manuel López-Obrador en México, es lo que requieren, pues solo de un gobierno de este tipo se puede esperar una política para enfrentar al crimen organizado cuyo lema sea: “Abrazos, y no balazos”.

Sin perder su esencia, y a fin de mantenerse y crecer, las organizaciones criminales buscan legitimar y legalizar ciertos aspectos de sus actividades. Su intención, evidentemente, no es moral, sino económica, y se dirige a crear un continuum entre la legalidad y la ilegalidad, de manera que los límites entre el bien y el mal se difuminen: la mayor amenaza a la que ahora se enfrenta la cultura como expresión del humanismo.
