El ex ministro de Energía, Antonio Gonçalves, que sirvió al gobierno del presidente Daniel Noboa durante el peor momento de los apagones que se sufrieron entre agosto y diciembre del 2024, ha expresado su «rechazo absoluto» a la solicitud de la Fiscalía para que un juez fije fecha para una audiencia de formulación de cargos en su contra, acusándolo de responsabilidad en la compra de equipos para generación de energía eléctrica a la empresa estadounidense Progen.
Gonçalves describe a la actuación fiscal como «carente de sustento fáctico, jurídico y probatorio». Y asegura que después de diez meses no existe ningún elemento que vincule su nombre con los hechos investigados.
«Mi nombre no aparece en testimonios, informes, actuaciones internas, negociaciones, suscripciones, pagos, recepción de equipos y ejecución contractual alguna, relacionada con Progen», argumenta Gonçalves. «Incluso informes de la Contraloría practicados en relación con este proceso no hacen referencia alguna con mi persona», añade.
En junio de 2025, la Contraloría General del Estado (CGE) publicó los resultados provisionales de una auditoría que evaluó dos proyectos eléctricos en Quevedo y El Salitral, contratados por Celec, por un monto de 149,1 millones de dólares con la empresa estadounidense Progen en agosto de 2024, como parte de la declaratoria de emergencia del sector eléctrico.
El objetivo del Gobierno era empezar a generar 150 megavatios en las centrales Quevedo y El Salitral en noviembre del 2024.