En la convulsionada política local de Cuenca, pocos casos encapsulan mejor las tensiones entre fiscalización, género y poder que el enfrentamiento entre la concejala Diana del Rocío González Arteaga y el alcalde Cristian Zamora, con una popularidad cercana al 80% tras enfrentar al gobierno de Daniel Noboa por el proyecto minero de Loma Larga.
El 28 de mayo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a través del juez Joaquín Viteri, inhabilitó a Zamora, señalado por las encuestas como de reelección segura, al declardrlo responsable de violencia política de género contra González.
¿Quién es Diana González?
Diana González Arteaga es una educadora de trayectoria. Licenciada en Ciencias de la Educación y Magíster en Neuropsicología y Educación, ha trabajado como Directora Ejecutiva de Acción Social Municipal en el GAD de Cuenca. En 2023 fue elegida concejala principal por el Distrito Norte (Urbano 2) por el Movimiento Nueva Generación Azuay, estrechamente vinculado al exalcalde Pedro Palacios.
Se presenta como madre, defensora de los derechos de las mujeres y férrea fiscalizadora. En sus redes (@dianitagonzalezar) y declaraciones enfatiza la transparencia, el cumplimiento de la ley y “decirle siempre la verdad a la gente”. Ha integrado comisiones de fiscalización y ha cuestionado fuertemente la ejecución de proyectos emblemáticos de la actual administración, como los hospitales en la ruralidad (citando informes de Contraloría), el funcionamiento de EMAC EP, contrataciones y consultorías.
Niega ser noboísta y dice que conoció al presidente Daniel Noboa en una visita oficial a la Alcaldía durante campaña.
Su perfil combina servicio social, enfoque en género y un activismo que la acerca al Cabildo de Mujeres de Cuenca, colectivo feminista histórico con más de 20 años que incide en políticas públicas contra la violencia de género y fiscaliza el presupuesto municipal destinado a atención de víctimas.
El origen de la “bronca”
El conflicto con Zamora no es reciente ni nació en los tribunales. Desde el inicio del período 2023-2027, González ejerció un rol de contrapeso incómodo para el Ejecutivo municipal. Sus cuestionamientos a supuestas irregularidades o demoras generaron respuestas fuertes del alcalde, quien en redes y entrevistas entre enero y marzo de 2026 utilizó expresiones que el TCE consideró denigrantes: se refirió a ella cono “fulana”.
González presentó denuncia por violencia política de género. Zamora, a su vez, la demandó por injurias y calumnias. El choque se volvió mutuo y público: ella habla de su “paciencia agotada” y anuncia contrademandas; él denuncia un “grupo político” que, al no poder vencerlo en las urnas, recurre a instancias judiciales para sacarlo del juego electoral.
Cómo una denuncia local se convirtió en amenaza a la reelección
Aquí radica el punto más polémico. Aunque el origen del caso es un conflicto real dentro del Concejo Cantonal por temas de fiscalización —y González insiste en que solo cumple su rol según el COOTAD y que fue Zamora quien inició acciones penales contra ella—, el fallo del TCE tiene un impacto electoral directo. La suspensión de seis meses de derechos de participación, si se confirma en apelación ante el Pleno, impediría a Zamora inscribirse como candidato en 2027.
Zamora, de la Izquierda Democrática, goza de aprobación superior al 80% en varias mediciones y ha destacado obras en infraestructura hospitalaria y cumplimiento de promesas de campaña. Es un opositor del Gobierno y ha tenido choques visibles (allanamientos, investigaciones de Fiscalía por enriquecimiento ilícito, críticas a temas como minería).
El propio Zamora lo ha dicho abiertamente: hay actores que, incapaces de ganarle electoralmente, buscan inhabilitarlo. Sectores afines al gobierno o críticos de Zamora celebran el fallo como “justicia por violencia contra las mujeres” y un precedente importante. González rechaza ser instrumento de nadie y afirma que el timing lo eligió el alcalde al responderle públicamente.
Sin embargo, el contexto político nacional —donde varios alcaldes opositores enfrentan procesos— alimenta la sospecha de que la denuncia de una concejala local, respaldada por colectivos como el Cabildo de Mujeres, fue “aprovechada” o amplificada para lograr lo que las urnas no permitirían: frenar a un alcalde querido por su ciudad.
