Quito, Ecuador
La política ecuatoriana ya conocía la dedocracia burda: el caudillo que llama, el partido que obedece, la lista que aparece y la militancia que se entera por redes sociales. ADN parece estar ensayando una versión más sofisticada de esa vieja práctica: administrada con método, lanzada con anticipación, vestida de primarias y presentada como despliegue territorial.
El movimiento oficialista ha revelado precandidatos para alcaldías y prefecturas de cara a las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
El listado incluye ministros, asambleístas, gobernadores, embajadores y altos funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa. En Guayaquil aparecen John Reimberg y Andrés Guschmer para la Alcaldía. Para la Prefectura del Guayas figuran Zaida Rovira y Niels Olsen.
En Quito se mencionan Gabriela Sommerfeld y Giovanna Ubidia para la Alcaldía, además de Harold Burbano y Eckener Recalde para la Prefectura de Pichincha. En Cuenca, Juan Carlos Vega aparece como opción para la Alcaldía y Esteban Crespo para la Prefectura del Azuay. La lista se extiende a nombres como Galo Lara, Cynthia Gellibert, Francisco Minuche, Danilo Palacios, Yadira Bayas, Roberta Zambrano, Francisco Cevallos, Roberto Kury y Arianna Burgos.
La jugada de ADN es inteligente porque entiende algo que buena parte de la política ecuatoriana sigue despreciando: una campaña se instala antes de que empiece formalmente. Al anunciar precandidatos, el oficialismo gana conversación pública, mide reacciones, posiciona nombres y obliga a sus adversarios a moverse dentro de su calendario. Otras organizaciones todavía esperan el último minuto para cerrar pactos, reciclar figuras o resolver postulaciones por cálculo familiar.
Un cronograma, dos nombres por ciudad, publicaciones coordinadas y una narrativa de despliegue nacional pueden construir sensación de institucionalidad, aunque la primaria funcione apenas como herramienta de legitimación. La vara está tan baja que una competencia controlada ya suena a participación y una lista armada desde arriba empieza a parecer avance democrático.
La ciudadanía termina agradeciendo migajas procedimentales, confundiendo estrategia electoral con institucionalidad partidaria y aceptando como virtud republicana una simulación más ordenada que el desorden habitual de los partidos.
El oficialismo parece haber convertido el gabinete, la Asamblea, las gobernaciones y la alta administración pública en una cantera electoral inmediata. El problema no está en que un funcionario quiera competir, sino en que el menú de precandidatos llegue servido desde la conducción nacional antes de que las bases hayan deliberado, contrastado perfiles o tomado una decisión sustantiva.
Las organizaciones políticas deberán definir sus candidaturas este junio, aunque el país ya recibió una lista que condiciona la conversación antes de que empiece el proceso interno.
La presencia de ministros y altos funcionarios en condición de precandidatos introduce un problema institucional. El cargo público empieza a operar como vitrina de precampaña. La exposición mediática, la agenda territorial, los anuncios oficiales y el acceso cotidiano al aparato estatal generan una ventaja que ningún militante de base puede igualar. La competencia interna pierde credibilidad cuando algunos aspirantes llegan con territorio, aparato, exposición y bendición implícita desde el poder.
La calidad democrática de unas primarias depende de la posibilidad real de competir. Un partido moderno debería transparentar criterios de selección, publicar hojas de vida completas, exigir planes de gobierno locales, abrir debates internos, permitir competencia efectiva, rendir cuentas y explicar por qué una persona está mejor preparada para gobernar una ciudad o una provincia. La democracia interna exige algo más que nombres múltiples en una papeleta interna.
Ecuador arrastra desde hace años una grave debilidad en su sistema de partidos. Muchas organizaciones tienen directivas, estatutos y calendarios, con escasa vida orgánica, poca formación de cuadros, liderazgos locales débiles y rendición de cuentas insuficiente. Partidos y movimientos de distintas tendencias han convivido con caudillismo interno, candidaturas recicladas y decisiones cupulares. ADN recoge ese vicio y lo administra con mayor eficacia.
La dedocracia empobrece la representación política porque desplaza el mérito territorial por la lealtad al mando. Un alcalde o un prefecto exige algo más que visibilidad nacional, cercanía al Presidente o utilidad comunicacional. Los gobiernos locales administran problemas concretos: transporte, seguridad urbana, mercados, agua potable, basura, planificación territorial, uso de suelo, movilidad, obra pública, gestión de riesgos y convivencia ciudadana. Una candidatura local exige conocimiento del territorio, trayectoria comunitaria, solvencia administrativa y programa verificable.
La dedocracia profesionalizada ya no necesita imponer nombres con brusquedad. Le basta con diseñar el menú, llamar a eso primaria y pedirle al ciudadano que celebre la posibilidad de escoger entre opciones previamente cocinadas. Cuando las candidaturas salen de una arquitectura decidida desde arriba, el votante termina escogiendo entre nombres que otros ya escogieron por él. Esa es la trampa de una política que aprendió a parecer procedimiento antes de parecer democracia.