Con 87 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó, este martes 9 de junio, una reforma penal que busca frenar la usurpación de identidad institucional. Esta votación se dio para ratificar el informe elaborado por la Comisión de Seguridad Integral. La asambleísta Jhajaira Urresta presentó la moción, señalando que la iniciativa responde al uso de uniformes e insignias de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por parte de estructuras criminales para simular actuaciones oficiales y facilitar el cometimiento de delitos.
El objetivo cnetral de esta ley es desarticular la cadena logística de comercialización ilícita y establecer mecanismos robustos de control y trazabilidad.
La normativa reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se tipifica específicamente el uso fraudulento de indumentaria y elementos de identificación estatal. Con ello, se deroga el artículo 296 para dar paso a un régimen sancionatorio más riguroso. La norma ahora estipula lo siguiente:
- Uso no autorizado: Quienes porten uniformes de entidades reguladas por el Coescop, Policía o Fuerzas Armadas enfrentarán de uno a tres años de cárcel.
- Simulación de autoridad: La pena escala de tres a cinco años si el uso se emplea para ejecutar falsos controles o procedimientos.
- Gravedad institucional: La sanción aumenta a un rango de cinco a siete años si involucra insignias de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, dada la mayor afectación a la seguridad y la fe pública.
La ley contempla el origen de estos insumos mediante el delito de fabricación y distribución ilícita. Las penas varían entre uno y siete años de prisión.
En el caso de las empresas de seguridad, éstas deberán implementar controles estrictos sobre la entrega y devolución de uniformes. Se prohíben expresamente elementos que causen confusión con la indumentaria policial o militar. Como control, éstas deberán tener sistemas obligatorios de trazabilidad, se restringe la fabricación, importación y distribución de estos bienes a personas naturales o jurídicas autorizadas, e incorpora mecanismos de control tributario y facturación. (I)