El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que dispone el inicio de un proceso de fiscalización a cargo de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio a alaclades y prefectos que han tenido aumento de su patrimonio de forma injustificada.
Según el documento aprobado, la comisión tendrá la facultad para solicitar información, informes técnicos y documentación, así como convocar a comparecencias de autoridades, servidores públicos, representantes de organismos de control, especialistas y demás personas que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos investigados. Se da como plazo máximo de 90 días, la mesa legislativa deberá presentar al Pleno un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones derivadas de este proceso de control político.
El prooponente fue Fernando Jaramillo (ADN) que manifestó que la fiscalización constituye una obligación constitucional orientada a garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos. Enfatizó que la ciudadanía demanda explicaciones claras respecto de los incrementos patrimoniales reportados por determinadas autoridades de elección popular desde el inicio de sus funciones.
Durante el debate, varios legisladores solicitaron la colaboración de entidades como la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía General del Estado y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
De este modo, los presuntos incrementos patrimoniales reportados por alcaldes y prefectos del país, considerados injustificados, serán sometidos a investigación en el Legislativo. (I)