En la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional ya se inició una investigación sobre el patrimonio de los alcaldes y prefectos del país. Esta es una disposición aprobada por el Pleno del Legislativo. El objetivo es determinar la existencia ilegítima de bienes patrimoniales o sospechosos en las autoridades seccionales.
En la mesa legislativa se solicitaron información al Ministerio del Trabajo, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con el fin de contrastar datos y detectar posibles irregularidades. En la Comisión tendrá un plazo de 90 días para concluir la investigación y elaborar un informe con sus hallazgos.
Posteriormente, el documento será remitido al Pleno de la Asamblea para su conocimiento y eventual aprobación, en un calendario que coincidiría con las semanas previas al inicio del proceso electoral seccional.
Lucía Pozo, de ADN, en calidad de presidenta de mesa expresó el fin de estas medidas:
«Se va a solicitar al Ministerio del Trabajo, al SRI y a la UAFE información integral de todas las autoridades, a fin de analizarla y concatenarla. En caso de identificar irregularidades vendrá la otra fase, que será la construcción de un informe», señaló.
Pero desde el correísmo, dicen que esta medida se impulsa a pocos meses de las elecciones seccionales de 2026. La investigación se suma al informe aprobado por la Legislatura sobre la compra de trolebuses en Quito y a la fiscalización que actualmente realiza sobre Segura EP, en Guayaquil, por lo que dicen sería una medida de «persecución».
Patricia Nuñez de RC dijo: «Tienen candidatos que de pronto les estorban y en ese momento buscan, de cualquier manera, no hacer una lid electoral que sea equitativa», manifestó.
Mariana Yumbay de Pachakutik, se sumó a las críticas: «No vamos a poder censurar ni destituir a alcaldes y prefectos. Nos queda levantar los informes y enviarlos a la Contraloría, Fiscalía u otras entidades», indicó. (I)