El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 83 votos a favor el 25 de agosto de 2026, la ley que norma el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía sin declarar estado de excepción. Los votos vinieron de ADN, Pachakutik, el Partido Social Cristiano e independientes. La bancada correísta Revolución Ciudadana se levantó y salió de la sesión en señal de negativa a la ley.
La histórica decisión legislativa se consolidó durante la Sesión No. 117 del periodo legislativo, bajo la conducción de la presidenta del Parlamento, Mishel Mancheno.
Un marco legal estratégico contra el crimen organizado
El debate central de la jornada giró en torno a la necesidad de dotar de herramientas jurídicas inmediatas al Estado para contener la ola delictiva. La normativa aprobada instrumentaliza de forma definitiva la reforma al artículo 158 de la Constitución, la cual recibió el respaldo de la ciudadanía en las urnas durante el referéndum.
Con el nuevo marco normativo, el despliegue militar complementario operará bajo estrictos requerimientos administrativos y de control:
- Procedimiento de activación: El apoyo de las Fuerzas Armadas nacerá de una solicitud formal de la Policía Nacional, acompañada de un informe técnico militar y un análisis previo del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).
- Temporalidad delimitada: Las intervenciones se fijaron por un periodo máximo de 180 días, con opción a una prórroga única de 30 días adicionales, garantizando que el uso de la fuerza se ajuste a los convenios internacionales de derechos humanos.
Durante las deliberaciones en el Pleno, legisladores del bloque oficialista defendieron la urgencia de la reforma. Se argumentó que la cooperación entre fuerzas del orden es indispensable para resguardar la infraestructura estratégica del país y neutralizar la capacidad operativa de las mafias organizadas en los puntos con mayor índice de violencia.
Avances complementarios en la agenda de seguridad
La sesión parlamentaria coincidió además con una intensa actividad en las mesas legislativas respecto a otras normativas de la misma materia. De forma paralela, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició formalmente el trámite del Proyecto de Ley Orgánica de Recuperación Productiva y Territorial Frente al Crimen Organizado, también propuesto por la presidencia de la Asamblea.
Esta serie de reformas busca complementar la reciente aprobación del informe para primer debate de la Ley Antimafias en la Comisión de Seguridad Integral, configurando una reestructuración legal para cercar el financiamiento y la logística de las bandas delictivas en el territorio ecuatoriano. (I)
