Fiscal general solicitó prisión preventiva para diez nuevos vinculados en caso Progen

El fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, solicitó formalmente la medida de prisión preventiva para diez nuevos vinculados dentro del denominado caso Progen (o caso Apagón). La solicitud se presentó ante el conjuez nacional Rodrigo Sarango durante el segundo día de la audiencia de vinculación en la Corte Nacional de Justicia. Con esta decisión, el número total de investigados por el presunto delito de peculado asciende a 31 personas.

La teoría del Ministerio Público apunta a un presunto perjuicio económico al Estado que supera los 104 millones de dólares. Dicho monto corresponde al anticipo del 70% desembolsado por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) para la adquisición de generadores térmicos emergentes destinados a las centrales de Salitral y Quevedo durante la crisis energética de 2024. Según las investigaciones fiscales, los equipos entregados resultaron ser usados, obsoletos y repintados, y nunca llegaron a entrar en funcionamiento operativo.

Entre los nuevos procesados para quienes se dictaminó el pedido de prisión destacan exfuncionarios de alto rango y asesores ministeriales:

  • José Manuel De Oliveira: Excoordinador jurídico del Ministerio de Energía durante la gestión de Roberto Luque.
  • Peter Dreher: Exasesor de la misma cartera de Estado, señalado por realizar un viaje técnico a EE.UU. tras aceptar una invitación de los proveedores.
  • Exadministradores de contratos y directores de Celec: Como José Luis Sampietro, Luis Ugsha, Marlon Casilla, Marcos Guerrero, Cristian Dahik y Daniela Gordillo, implicados en la elaboración y aprobación de informes técnicos y contratos complementarios presuntamente irregulares.

El fiscal Alarcón fundamentó el pedido de prisión preventiva argumentando que existe un alto riesgo procesal de fuga y la posibilidad de que se obstaculice la obtención de evidencias adicionales. Como consecuencia directa de estas vinculaciones, la etapa de instrucción fiscal se extenderá por 30 días adicionales, otorgando un nuevo plazo para que las defensas técnicas incorporen sus respectivos descargos en el expediente judicial. (I)

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