El exministro del Interior de Rafael Correa, José Serrano Salgado, difundió un extenso comunicado en su cuenta oficial de la red social X. En el mensaje, el exfuncionario denunció ser víctima de presuntas violaciones a sus derechos humanos y tratos degradantes dentro del Centro de Privación de Libertad ‘El Encuentro’, ubicado en la provincia de Santa Elena, una de las cárceles de máxima seguridad insignias de la actual administración.
Serrano arribó al país deportado desde Estados Unidos. Inmediatamente fue trasladado al complejo penitenciario para cumplir con una orden de prisión preventiva dictada en el marco del caso Magnicidio FV, donde la Fiscalía General del Estado lo investiga como presunto autor mediato del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
El fuerte reclamo de Serrano: «Temo por mi vida»
En el texto difundido, el otrora hombre fuerte del correísmo inició alertando a la comunidad internacional sobre los riesgos que supuestamente corre tras las rejas.
«Temo por mi vida y por mi integridad física. Escribo estas palabras desde la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, donde permanezco bajo custodia del Estado ecuatoriano», reza el inicio del comunicado.
A través de la misiva, Serrano enumeró una serie de condiciones extremas que estarían afectando su permanencia en el centro:
Aseguró que no cuenta con acceso adecuado a agua potable, artículos de higiene personal ni la medicación requerida para sus dolencias previa. Sostuvo que se le impide ver la luz del sol de forma regular y que no se le permite leer ni poseer objetos de índole espiritual como un rosario. También denunció haber recibido presuntos golpes directos en sus uñas y maltratos psicológicos por parte del cuerpo de custodia. El exministro relató que los agentes lo obligan supuestamente a tomarse fotografías arrodillado con expresiones de tristeza, las cuales, según lo manifestado en su texto, le informaron que se envían directamente a la Presidencia de la República.
Serrano también cuestionó la celeridad de su encierro, alegando que su retorno no respondió a una extradición judicial sino a una deportación por un trámite netamente migratorio en suelo norteamericano. En este sentido, exigió públicamente que las autoridades muestren la boleta de encarcelamiento con fecha y hora de emisión para constatar si existió legalidad procesal en su traslado directo desde el aeropuerto.
Petitorio y acciones internacionales
Ante la situación, Serrano solicitó la intervención inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de observadores de medios de comunicación para que exijan la preservación formal de todos los registros audiovisuales del penal. Solicitó expresamente poner a buen resguardo las grabaciones de las cámaras de su celda, de los pasillos y del dispensario médico para probar sus declaraciones.
Paralelamente, su hija Verónica Serrano emitió un pronunciamiento público en el que hizo un llamado urgente para detener lo que catalogó como una «tortura inminente». Pidió formalmente que se permita el ingreso de un equipo de médicos independientes al reclusorio de Santa Elena. «No esperen a que asesinen a mi padre», expresó mediante plataformas virtuales.
El SNAI niega privilegios y descarta uso de celulares
Pocas horas después de la divulgación del texto en la red social X, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) desmintió tajantemente que José Serrano mantenga en su poder algún dispositivo electrónico o celular dentro del pabellón.
A través de una misiva oficial, la institución penitenciaria puntualizó que el penal de El Encuentro opera bajo estrictos protocolos y controles cruzados de seguridad que imposibilitan el ingreso de tecnología de comunicación. La entidad aclaró que el pronunciamiento de Serrano fue redactado y posteriormente difundido en el exterior por terceras personas ajenas a la institución. El SNAI enfatizó que todas las medidas de aislamiento y reclusión aplicadas al exfuncionario responden a las normas internas y se ejecutan de manera generalizada, «sin privilegios ni tratos diferenciados» para los internos de alta connotación pública.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, defendió días atrás el traslado del procesado afirmando que el Estado garantizará la vida e integridad del exministro en una celda individual y bajo máxima vigilancia, desestimando los alegatos de peligro como presuntas estrategias de la defensa para eludir el régimen penitenciario severo.