El reloj marcaba las 00:00 del jueves 17 de septiembre de 2026 cuando entró en vigor el nuevo toque de queda dispuesto por el Gobierno Nacional en varias provincias del país. Diseñado como un mecanismo directo para asfixiar la operatividad del crimen organizado, el despliegue de más de 15.000 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas transformó el paisaje urbano de centros poblados clave en Guayas, Manabí, Los Ríos y Cañar. Sin embargo, a pocas horas de su implementación, la jornada inicial ha arrojado un balance mixto marcado por intensos operativos de control territorial y la persistencia de episodios sangrientos perpetrados por bandas delictivas.
En materia de control y orden público, el reporte oficial del Bloque de Seguridad da cuenta de 124 personas aprehendidas a nivel nacional durante las primeras horas de restricción de movilidad. De esta cifra, 119 ciudadanos fueron detenidos de forma directa por transitar entre las 00:00 y las 05:00 sin salvoconducto ni justificación legal, incurriendo en el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, estipulado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Adicionalmente, 5 personas fueron capturadas en flagrancia. En la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, se ejecutaron operativos focalizados con 100 agentes policiales y 15 fiscales, resultando en la detención de 31 individuos (entre ellos seis menores aislados), además del decomiso de armas de fuego, drogas y 42.000 dólares ocultos en una caleta en Durán.
A pesar de la fuerte presencia militar y policial en las vías principales, la violencia armada no se detuvo. El hecho más grave reportado desde el inicio de la medida fue el asesinato del juez Ramón Darío Abad Gallardo, magistrado multicompetente que laboraba en El Triunfo. La mañana del jueves 17 de septiembre, el funcionario fue perseguido y acribillado por sicarios fuertemente armados mientras conducía su vehículo en el cantón La Troncal, provincia de Cañar. La violencia criminal también cobró vidas en la costa: en la zona urbana de Guayaquil se reportó la ejecución bajo la modalidad de sicariato de un conductor no identificado en el sector de Los Vergeles, mientras que en Portoviejo (Manabí), ataques a bala perpetrados durante la noche cobraron la vida de un ciudadano en las inmediaciones del Parque Las Vegas.
Este ambiente de contención militarizado se desarrolla sobre un telón de fondo estadístico sumamente complejo para la seguridad pública nacional. Durante el primer semestre y lo que va del año, las intervenciones estatales han logrado contener levemente la espiral ascendente de violencia que azotó al país en años previos. De acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha se registran 5.530 homicidios intencionales a nivel nacional, lo que refleja una reducción del 7,8% en comparación con las 6.000 muertes violentas contabilizadas en el mismo periodo de 2025.
Las autoridades insisten en que la restricción nocturna permitirá consolidar las labores de inteligencia y neutralizar las estructuras delictivas responsables de estos embates, manteniendo el estado de excepción y los patrullajes combinados hasta el próximo 30 de septiembre.