Persisten ejecuciones de personas en medía vía pública más de 24 horas depués de haber entrado en vigor el nuevo toque de queda dispuesto por el Gobierno Nacional en cuatro provincias del país y un despliegue de más de 15.000 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en Guayas, Manabí, Los Ríos y Cañar. A media mañana del viernes 18 de septiembre han ocurrido al menos tres asesinatos mientra han sido capturadas 124 personas a nivel nacional.
De esta cifra, 119 ciudadanos fueron detenidos de forma directa por transitar entre las 00:00 y las 05:00 sin salvoconducto ni justificación legal, incurriendo en el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, estipulado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Adicionalmente, 5 personas fueron capturadas en flagrancia.
En la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, se ejecutaron operativos focalizados con 100 agentes policiales y 15 fiscales, resultando en la detención de 31 individuos (entre ellos seis menores aislados), además del decomiso de armas de fuego, drogas y 42.000 dólares ocultos en una caleta en Durán.
Sicariatos
A pesar de la fuerte presencia militar y policial en las vías principales, la violencia armada no se detuvo. El hecho más grave reportado desde el inicio de la medida fue el asesinato del juez Ramón Darío Abad Gallardo, magistrado multicompetente que laboraba en El Triunfo.
La mañana del jueves 17 de septiembre, el funcionario fue perseguido y acribillado por sicarios fuertemente armados mientras conducía su vehículo en el cantón La Troncal, provincia de Cañar.
La violencia criminal también cobró vidas en la costa: en la zona urbana de Guayaquil se reportó la ejecución bajo la modalidad de sicariato de un conductor no identificado en el sector de Los Vergeles, mientras que en Portoviejo (Manabí), ataques a bala perpetrados durante la noche cobraron la vida de un ciudadano en las inmediaciones del Parque Las Vegas.
Durante el primer semestre y lo que va del año, las intervenciones estatales han logrado contener levemente la espiral ascendente de violencia que azotó al país en años previos. De acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha se registran 5.530 homicidios intencionales a nivel nacional, lo que refleja una reducción del 7,8% en comparación con las 6.000 muertes violentas contabilizadas en el mismo periodo de 2025.
