El Salón del Pleno de la Asamblea Nacional se convirtió en el escenario de un fuerte altercado político y momentos de alta tensión el pasado jueves 1 de octubre de 2026. La sesión ordinaria, en la que se debatían las reformas a la Ley de Inquilinato, fue suspendida de forma abrupta cuando un citador judicial ingresó al hemiciclo con el fin de notificar personalmente a la legisladora de la bancada de Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, sobre un proceso legal en su contra.
El incidente inició cuando el presidente encargado del Parlamento, Esteban Torres, interrumpió el debate legislativo para autorizar el ingreso del funcionario judicial al área de curules. Torres aclaró posteriormente que la presencia de la delegada responde a un procedimiento estrictamente legal, argumentando que las leyes procesales determinan que las citaciones deben entregarse en el domicilio o en el lugar de trabajo del requerido; este último aplica debido a que el lugar de residencia formal de la legisladora está registrado en los Estados Unidos.
Fuertes reclamos y abandono del hemiciclo
El arribo de la funcionaria judicial desató la inmediata indignación de Palacios y de sus compañeros de bancada. Miembros de Revolución Ciudadana rodearon a la parlamentaria e intentaron obstruir el paso del notificador, mientras se registraban gritos y reclamos generalizados en la sala. Tras expresar airadamente su inconformidad con el procedimiento directamente en el salón de sesiones, Mónica Palacios optó por retirarse del recinto para evitar la entrega física del documento.
A través de sus canales oficiales en redes sociales, la asambleísta denunció el hecho como un acto de intimidación. «Por segunda vez ingresan al Pleno de la Asamblea Nacional para citarme en plena sesión… Denuncio una persecución política sistemática en mi contra», afirmó Palacios, haciendo referencia a un incidente similar ocurrido en julio del mismo año. Posteriormente, confirmó que el requerimiento corresponde a una demanda impulsada por Mishel Mancheno.
El debate de fondo y el fuero legislativo
El ingreso de delegados de la justicia ordinaria directamente al área de votación parlamentaria ha encendido las alarmas y debates sobre el respeto al simbolismo del primer poder del Estado. Mientras sectores de la oposición catalogan el operativo como un «show político» y un abuso de las autoridades oficialistas, representantes del Gobierno y asambleístas afines defienden el ingreso bajo la premisa de que «Nadie está por encima de la ley».
Jurídicamente, el trámite de citación forma parte de los procesos de comunicación necesarios para continuar con las querellas pendientes —varias de ellas vinculadas a presuntas calumnias—, marcando la antesala para que la Corte Nacional pueda requerir de ser necesario un eventual levantamiento de la inmunidad parlamentaria. (I)