El Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que los índices de criminalidad y violencia en Guayaquil han registrado una tendencia a la baja tras los operativos del Bloque de Seguridad y la reclusión del alcalde de la ciudad, Aquiles Alvarez, en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, el control estatal sobre las figuras investigadas y el desmantelamiento de presuntas redes de influencia han permitido devolver paulatinamente el orden a la provincia del Guayas.
Acciones del Bloque de Seguridad
Reimberg enfatizó que el traslado y permanencia de Alvarez en el centro penitenciario de Santa Elena —donde cumple prisión preventiva en el marco de las investigaciones de los casos Triple A y Goleada— forma parte de una estrategia integral para neutralizar cualquier tipo de directriz delictiva hacia el exterior.
«El orden no se negocia y los privilegios se acabaron», manifestó de forma tajante el ministro del Interior a través de canales oficiales. Asimismo, la cartera de Estado justificó que mantener al burgomaestre bajo estricto régimen de visitas y videovigilancia neutraliza los focos de desestabilización que anteriormente afectaban la seguridad de la zona metropolitana de Guayaquil.
Tensiones y respuesta de la defensa
Por su parte, la defensa técnica del alcalde de Guayaquil, liderada por el abogado Julio César Cueva, ha rechazado de forma categórica las afirmaciones que vinculan la presencia o las acciones de Alvarez con focos de inestabilidad o desmanes carcelarios. El equipo legal denunció que el mandatario local se encuentra completamente aislado en el policlínico de la prisión y acusó al Ejecutivo de utilizar la figura del alcalde como un «distractor político» frente a otras crisis nacionales.
A pesar de los reclamos de la defensa por el estado de salud de Alvarez, las autoridades de seguridad ratificaron que los operativos interagenciales continuarán con rigurosidad en las calles de Guayaquil, manteniendo el despliegue militar y policial para consolidar la reducción del delito en el puerto principal. (I)