Policías y ladrones

Por Tania Tinoco

Las siguientes líneas pueden parecer una defensa a la policía nacional, pero no lo son. Busco solamente contar cosas que los policías no pueden y que el Gobierno las sabe.

Hace apenas unos días y urgidos por la demanda popular, policías en Guayaquil capturaron a una decena de jóvenes, sospechosos de ser «ladrones de semáforos». Me refiero así a los pillos que aprovechando los semáforos en rojo, roban a un conductor, generalmente sin compañía, apuntándolo con un arma detrás del cristal. Los detenidos fueron conducidos hasta el cuartel de la policía judicial del Guayas y, como era de esperarse, siete de ellos resultaron ser menores de edad.

La autoridad no les encontró evidencia y nadie se acercó a poner una denuncia en su contra. El Fiscal de turno se vio obligado a dejarlos -Es el pan de cada día- me dice un agente cuando pregunté qué pasó.

En el caso de los menores infractores, poco o nada queda por hacer si las leyes no cambian. Un juez me advirtió que ni siquiera puedo referirme a ellos como «menores delincuentes» aunque comentan delitos que llegan hasta el asesinato. La Asamblea de Montecristi los consideró aptos para votar a partir de los 16 años, pero inimputables al delito y por ende exentos de enfrentar la justicia como adultos.
Por eso los ladrones tienen la ventaja y usan a los menores para disparar el gatillo. Los utilizan de ayudantes para el robar, de «campaneros» para el asalto. Y cuando caen, la sanción por robo por ejemplo, solo los obliga a permanecer una temporada de 90 días en lo que anteriormente se llamaba el «correccional de menores» ahora Centros de Adolescentes Infractores, regidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Pero las ventajas no son exclusivas de los menores. Los delincuentes mayores tambien las tienen y van desde la corrupción a la debilidad de los recursos policiales. Lo sabe el Gobierno y para muchos es la prueba de que no ha tenido la decisión de hacer todo lo posible por garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En Guayaquil, la ciudad más grande del pais y con la mayor incidencia del delito, no se cuenta con un laboratorio de huellas dactilares. La realización de retratos hablados por parte de testigos o victimas es dificultosa porque los equipos para identikits son antiguos y limitados. Tampoco se cuenta con un laboratorio de ADN. El único que existe en el país le pertenece a la Fiscalía y está en Quito. Solo así se entiende que muchos asesinatos queden sin resolver; que haya delincuentes reincidentes sin ser identificados; que las bandas de secuestro express actúen a sus anchas, sin que sus integrantes tengan que molestarse en cubrirse el rostro o ponerse guantes. Los bandidos saben que los uniformados tienen ficheros manuales y solo en casos muy sonados, las fichas serán remitidas a Quito al laboratorio que desde hace poco existe en la capital.

Pero instalar el laboratorio de huellas digitales no es suficiente. Es necesario un sistema que permita «mantener» las huellas y sobre todo respetar la cadena de custodia de estas y otras evidencias que se constituyen en pruebas del delito. Y si esto se logra faltaría todavía un paso más: la reconciliación de la Policía con el Registro Civil, pues de qué valdría rescatar huellas si no se sabe a quién pertenecen.

Por esto y más el juego de policías y ladrones es perverso y la ventaja está claramente en la cancha de los delincuentes. Y ni qué decir si son extranjeros. Nuestra política de fronteras abiertas se presta para dar albergue a ladrones, estafadores, asesinos e incluso terroristas. Pero eso ya es materia de otra historia.