La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Navi Pillay, abrió este lunes la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Siria abogando por el procesamiento de los responsables de los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en la represión de las protestas contra el régimen de Damasco.
Pillay subrayó ante el pleno «la importancia de depurar las responsabilidades de quienes han perpetrado crímenes contra la humanidad» y recordó que el informe publicado la semana pasada por su oficina constató la comisión organizada de esos crímenes.
«El pueblo de Siria debe recibir el respaldo en su lucha por los derechos fundamentales y las libertades, y el Consejo de Derechos Humanos puede jugar un papel vital en este tema», dijo Pillay ante los representantes de los 48 estados reunidos en Ginebra.
La Alta Comisionada indicó que ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que «considere referir la situación en Siria a la Corte Penal Internacional» para que tome cartas en el asunto.
Pillay también hizo un nuevo llamamiento al régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, para que «detenga inmediata y completamente la represión de las manifestaciones pacíficas, y ponga en libertad de manera incondicional a todos los detenidos en relación con su participación en las protestas».
«El Gobierno debería también permitir el regreso seguro y voluntario de los refugiados y desplazados internos a sus lugares de procedencia en Siria», agregó la representante de la ONU.
La responsable de Derechos Humanos expresó su satisfacción por la decisión del Gobierno sirio de permitir el acceso al país de una misión de evaluación humanitaria y pidió a Damasco que «permita el acceso pleno a los trabajadores humanitarios».
«Al mismo tiempo, las autoridades sirias deberían permitir el acceso sin restricciones para realizar una investigación y seguimiento de la situación de los derechos humanos», agregó.
Pillay no ahorró calificativos para describir la «gravedad de las violaciones de los derechos humanos en Siria, que aún continúan» y para denunciar «los brutales ataques contra los manifestantes».
Según sus datos, «a fecha de hoy más de 2.000 personas han sido asesinadas desde el inicio de las protestas a mediados de marzo, con más de 350 asesinados en toda Siria desde el inicio del Ramadán».
La de hoy es la segunda reunión extraordinaria que celebra este año el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Siria, tras la celebrada el pasado 29 de abril tras el inicio de las protestas.
De esa reunión de abril salió el encargo al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de crear una misión para investigar la situación en Siria, cuyas conclusiones se conocieron el jueves.
El informe de la misión fue claro a la hora de condenar la actuación del régimen de Damasco, al que acusó de desarrollar «una pauta de violación de los derechos humanos, con ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil».
Estas violaciones «pueden ser constitutivas de crímenes contra la humanidad, como lo establece el artículo 7 del Estatuto de Roma», según el informe, que documenta con precisión numerosos casos de asesinatos y desapariciones, tortura, detención ilegal y acoso.
Tras la difusión del informe, Pillay recomendó personalmente al Consejo de Seguridad en Nueva York que pida a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que estudie las denuncias.
El Consejo de Seguridad no ha dado ningún paso concreto desde entonces, debido sobre todo a las reticencias de Rusia -país con derecho a veto- a aumentar la presión sobre Siria, pero Reino Unido y Francia trabajan para presentar un nuevo proyecto de resolución,
Ese proyecto incluiría sanciones concretas contra Siria siguiendo los pasos de EEUU y la Unión Europea, que anunciaron un endurecimiento de sus sanciones y exigieron la inmediata salida del poder de Al Asad.
Tras la intervención de Pillay, se escuchó un mensaje grabado en vídeo del Relator Especial para la Tortura, el argentino Juan Méndez, quien manifestó que en Siria han ocurrido «algunas de las peores violaciones que un Estado puede cometer contra su pueblo».
«La comunidad internacional tiene la obligación de impedir que esas violaciones queden sin castigo y evaluar si algunas de esas violaciones pueden constituir crímenes contra la humanidad», dijo.
«Si somos serios a la hora de combatir las violaciones de los derechos humanos, no deberíamos cerrar los ojos ante estos actos atroces», agregó Méndez, partidario de que «quienes ostenten la más alta responsabilidad por tales violaciones sean presentados ante las más altas instancias para ser procesados y juzgados». EFE