El juez Baltasar Garzón ha afrontado el primero de sus juicios, por haber ordenado que se intercepten las conversaciones telefónicas de los implicados en una trama de corrupción conocida como Gürtel, dejando una sensación de aplomo, solidez y seguridad que desconcertaron a unos abogados acusadores a los que se les escapó vivo, según narra el portal del diario El País, de España.
Garzón está acusado del delito de prevaricación —dictar a sabiendas una resolución injusta— por su rol en el llamado caso «Gürtel», que destapó una trama corrupta en la administración pública que salpicó a las delegaciones regionales del gobernante Partido Popular en Valencia y Madrid.
La acusación particular, ejercida por dos implicados en la trama y un abogado que se consideran damnificados por Garzón, solicita hasta 17 años de inhabilitación para ejercer como magistrado por ordenar en el 2009 la grabación de conversaciones telefónicas entre varios acusados encarcelados por el caso «Gürtel» y sus letrados.
La legislación española permite intervenir estas comunicaciones en casos de terrorismo, pero su encaje legal en otro tipo de delitos es más difuso.
«Es evidente que la interpretación que yo adopto es que se pueden autorizar las intervenciones con autoridad judicial y no sólo en casos de terrorismo», dijo Garzón en su testimonio. En el interrogatorio de más de dos horas, Garzón señaló que las comunicaciones se intervinieron para prevenir la «actividad delictiva» de los implicados y que jamás se lesionó su derecho de defensa, tal y como sostiene la acusación.
Aunque las previsiones era que no iba a contestar al interrogatorio, el juez cambió de estrategia y decidió responder a sus acusadores. El resultado dejó eufórico a su entorno y a sus simpatizantes, que vieron cómo el juez se crecía en el interrogatorio sin que los acusadores pudieran abrir brecha en su línea de defensa. Lo que Garzón dejó claro es que nunca ordenó escuchar a los abogados sino a los presos por el caso Gürtel. Dijo que adoptó la medida para evitar que se siguieran cometiendo delitos como el de blanqueo de capitales, que se estaba investigando, y para localizar y recuperar los fondos desviados por la trama, pero siempre con el apoyo de la Fiscalía.
Garzón respondía así en el juicio que comenzó hoy contra él en el Tribunal Supremo español acusado de prevaricación y de violar las garantías constitucionales por haber ordenado dichas grabaciones. «Los abogados eran parte nuclear de la misma para desarrollar todas y cada una de las actividades criminales de la organización», subrayó, además, el juez.
Garzón, que está suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, declaró desde el banquillo de los acusados después de que el presidente de la sala, Joaquín Giménez, le señalara que debía «despojarse de la toga» y abandonar el estrado de los letrados en el que había permanecido esta mañana.
El juez, que respondía a las preguntas de uno de sus acusadores -abogado defensor de uno de los presuntos miembros de la trama corrupta- le espetó que cuando se ordenó el ingreso en prisión del cabecilla, Francisco Correa, había indicios de que más de 20 millones de euros habían sido enviados a cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales.
Este primer juicio a Garzón -de los tres procesos judiciales que hay abiertos contra él- se inauguró hoy en medio de una gran expectación y con los aplausos de los partidarios del famoso magistrado, que denuncian una persecución política en su contra.
El juez Garzón, que se hizo conocido a nivel internacional en 1998, al dictar una orden de detención contra el ahora fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, será juzgado a partir del próximo día 24 en otro proceso, esta vez por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.
El diario español, «El Pais» informó que unas 200 personas se concentraron frente a la puerta del Tribunal Supremo convencidas de que el juicio a Baltasar Garzón tiene poco que ver con la justicia, y gritando consignas a su favor.
También informó «El País» que varios colectivos para la recuperación de la memoria histórica han anunciado movilizaciones de apoyo al juez para los próximos días, piensan concentrarse frente al Supremo cada día de juicio y planean una gran manifestación para el próximo 29 de enero en Madrid.
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