Desde que asumió el cargo en 2007, el presidente Rafael Correa ha estado en una guerra de palabras con los medios de comunicación en su país. Ha usado arcaicas leyes contra la difamación para presentar cargos criminales contra los propietarios de El Universo y un columnista del periódico. Su gobierno ha impulsado una ley que restringe severamente la capacidad de los medios para cubrir campañas políticas y elecciones; e incluso, ha ido tan lejos como para prohibir los informes periodísticos que puedan beneficiar o perjudicar a un candidato. Y ahora ha puesto sus miras en los observadores internacionales de la libertad de expresión.
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