En días atrás, cuando se le advirtió a la presidenta de la Sala de lo Penal de la flamante Corte Nacional que el sorteo de los jueces de esa sala en tres grupos para que conozcan de las causas penales debió ser público, ella contestó simplemente que sí se hizo dicho sorteo pero en privado, y añadió, ante las cámaras de televisión: “confíen en nosotros…”. Es decir, que debemos confiar que el sorteo sí se realizó a pesar que no fue público.
Dos millones de dólares constituyen una buena platita en cualquier parte del mundo. Eso es lo que recibirá el presidente ecuatoriano Rafael Correa según una sentencia judicial que condenó a dos periodistas a pagar la suma por el “daño moral” ocasionado al político en el libro “El gran hermano”. En forma previa, el mismo Correa había ganado un juicio, que está en apelación, contra el diario “El Universo” por 40 millones de dólares por difamación. El líder bolivariano no anda en chiquilladas, aunque aclara que toda esa plata irá a parar en obras de caridad.
Mercedes Portilla, jueza quinta de lo civil de Pichincha, ha condenado a Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro «El gran hermano», a pagar dos millones de dólares al presidente Rafael Correa, el Mashi, según la nomenclatura novo-andina que promueve el ejecutivo ecuatoriano. Para la magistrada Portilla, el daño ocasionado a Correa se ubica «a nivel de lo espiritual» y «solo la persona que lo sufre puede indicarlo, siendo innecesario que un profesional de la psiquiatría o psicología certifique tal padecimiento». TC Televisión, una pieza del conglomerado mediático que el correísmo ha construido con fondos del Estado, hizo pública la noticia horas antes de que los periodistas fueran notificados judicialmente.
El fallo judicial más polémico de los últimos días, a nivel mundial, es la condena del Tribunal Supremo español contra el célebre juez Baltasar Garzón, que saltó al estrellato internacional tras ordenar el arresto del dictador Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad. Muchos han satanizado la condena por el tufo de una persecución política contra Garzón, al haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo. Muy pocos, sin embargo, han analizado objetivamente el fallo, que versa sobre su actuación en el caso Gürtel, un escándalo de corrupción política denunciado por el diario El País.
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