Negocios forzados

Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Nuevamente la Asamblea intenta instaurar un sistema de préstamos obligatorios. La primera vez fue allá por el 2005, con el proyecto del diputado Febres-Cordero, que apuntaba a que el Banco Central establezca cupos de crédito para determinados grupos. La segunda el 2007, para direccionarlos a los «sectores productivos». Y la tercera ahora, cuando se pretende obligar a que el 5% del patrimonio técnico de todos los bancos se destine a créditos hipotecarios.

Ese intento es demagógico y perverso con los principios. Demagógico porque trata de ganarse con simulados halagos el favor popular; como se dice, juega para la galería. Y aunque inútil en la práctica porque en los bancos grandes los créditos hipotecarios ya concedidos representan mucho más del 5% del patrimonio técnico, es perverso con los principios porque, de un lado, abre la puerta para que el Estado en el futuro profundice el direccionamiento de los créditos- con dinero de los depositantes, de los que son responsables los administradores bancarios-; y de otro lado, quiere decidir a qué negocios se dedican ciertos bancos.

Sobre esto último no puede pasarse por alto que no todos los bancos conceden créditos hipotecarios para la vivienda. Hay algunos que han decidido dedicarse- porque así lo garantiza la libertad de empresa, que ni siquiera la Constitución de Montecristi desconoce- sólo a otra clase de negocios (financiamiento de bienes de consumo, emisión de tarjetas de crédito, etc.). Pero de pasar el actual proyecto, según el texto aprobado por asambleístas rebajados a subsecretarios, esos bancos necesariamente tendrían que también emprender en ese asunto del financiamiento de viviendas, no solo destinando a ello una porción de su patrimonio, sino invirtiendo recursos tecnológicos y humanos para poner en funcionamiento una sección de negocios con que actualmente no cuentan (con la que no quieren contar, además)

¡Linda la cosa! El Estado decidiendo a qué negocios se dedica la gente. Como si a un abogado lo obligaran a que defienda casos penales, que no son de su especialidad. Aunque no quiera hacerlo. Así está el paisito.