La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile rechazó este viernes la petición de familiares de las víctimas de la dictadura chilena para impedir un acto de homenaje al fallecido dictador Augusto Pinochet que se realizará el próximo domingo en el teatro Caupolicán de la capital.
Según informaron fuentes judiciales, el tribunal acogió los recursos presentados tanto por los organizadores del acto como por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), pero denegó una orden de no innovar presentada por esta última organización para prohibir la actividad.
El acto está organizado por la ‘Corporación 11 de septiembre’, que toma el nombre del día del golpe de 1973, y por la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unofar), dos entidades poco conocidas que agrupan a fieles al exdictador, fallecido en 2006.
En la oportunidad se exhibirá un documental sobre Pinochet, bajo cuyo mandato (1973-1990) fallecieron 3.200 personas a manos de agentes del estado y otras 38.000 sufrieron prisión política o tortura.
La cinta muestra fragmentos de la historia política de Chile desde 1964 hasta el 2006, con imágenes del ahora fallecido presidente Salvador Allende y el testimonio de excolaboradores del régimen.
La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, dijo poco después de conocerse el fallo de la Corte de Apelaciones que los jueces «le dieron vuelta la cara a las víctimas de la dictadura», y llamó a protestar el domingo en las inmediaciones del teatro.
La intendenta de Santiago, Cecilia Pérez, opinó que el país «está aburrido de violencia» e intolerancia, y argumentó que no tiene «facultades para autorizar o rechazar eventos que sucedan en bienes privados», como el caso del homenaje a Pinochet.
La intendenta, militante de Renovación Nacional (RN), el partido conservador al que pertenece el presidente Sebastián Piñera, entregó ayer a la Corte de Apelaciones un informe, solicitado por el propio tribunal, en el que se declaraba sin la competencia para prohibir el acto del próximo domingo.
El portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, dijo que se deben respetar las «garantías constitucionales» de los partidarios y detractores del homenaje al dictador, pero precisó que «el país no necesita este tipo de actividades».
Chadwick anunció que el Ministerio del Interior tomará las medidas necesarias para resguardar la seguridad de los asistentes al acto.
«La obligación del Gobierno es permitir que los derechos de reunión se ejerzan y tratar de evitar que se puedan producir situaciones de violencia», dijo a los periodistas. EFE