Asunción, 23 jun (EFE).- El presidente de Paraguay, Federico Franco, quien asumió el cargo el viernes tras la destitución de Fernando Lugo, abogó hoy por una relación proporcional con Brasil y consideró que no se aplicaría una sanción comercial contra su país.
«Nuestro canciller (José Félix Fernández Estigarribia) tiene indicaciones precisas (…). Abrimos las esperanzas de que las relaciones entre Paraguay y Brasil sean proporcionales», expresó el nuevo mandatario en rueda de prensa a medios de prensa extranjeros en sede de Gobierno.
Al ser consultado sobre las medidas restrictivas que podría aplicar ese país, el gobernante sostuvo: «No creo que Brasil tenga que aplicar ninguna sanción comercial».
«Creo que los más afectados van a ser los ciudadanos brasileños, hay mucha inversión de brasileños en este país», remarcó.
Dijo, además, que «los ciudadanos paraguayos de origen brasileño que están radicados en el país siempre van a tener un trato preferencial».
La colectividad brasileña figura como la más grande del país, con 81.592 miembros, Según el último Censo Nacional de Población y Viviendas de 2002.
Entre esos colonos, llamados «brasiguayos», se encuentran varios productores de soja, algunos de los cuales afrontan conflictos desde hace varios años con campesinos de grupos «sin tierra» que invaden sus propiedades para exigir al Estado el acceso a terrenos.
Franco mencionó que los brasileños residentes en el país pueden dar fe de su conducta personal «en función del respeto irrestricto al trabajador del campo» y a la «propiedad privada».
Resaltó que impulsará una mejor relación a través de la represa hidroeléctrica de Itaipú, administrada por ambos países y ante la que Paraguay negocia la obtención de mayores beneficios.
El nuevo mandatario asumió el cargo en la noche del viernes, luego de que una amplia mayoría del Senado declara a Lugo culpable en un juicio político de haber incurrido en mal desempeño en sus funciones.
La nueva crisis política tuvo su origen el día 15 pasado, tras la muerte de seis policías y once campesinos «sin tierras» durante la operación de desalojo de una hacienda en el departamento de Canindeyú (noreste), en la frontera con Brasil. EFE