Reflexionaba sobre la necesidad de que, cuando el país retorne a la democracia, los ciudadanos impulsemos la expedición de una nueva carta constitucional que reemplace a la de Montecristi, en aras principalmente de eliminar ese hiperpresidencialismo que, en la práctica, permite la instalación de un régimen autoritario con la posibilidad de que se perennice en el poder de manera indefinida.
La última perla en el caos jurídico que reina en el país es la novedosa pena privativa de libertad por exceder los rangos moderados de velocidad establecidos en un reglamento. En primera instancia, muchos pensamos que esta pena de prisión nació del reglamento, incurriendo así en una violación flagrante de uno de los principios básicos del Derecho Penal que es la reserva de ley para las penas, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y restringir el abuso del ius puniendi del Estado. Pero resulta que no ha sido así.
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