Por Bernardo Tobar
Quito, Ecuador
Decir que la Constitución actual es garantista es jugar con espejos, pues la garantía no es más que el derecho subyacente que protege, y este ha sido en gran parte mutilado; a mayor poder del Estado y más amplia su esfera de intervención y control, hilo conductor de la vigente Ley Suprema, disminuido queda, en proporción inversa, el derecho de las personas a tomar decisiones; y la línea de Montecristi, tan sinuosa en otras materias, en esta apunta sin ambigüedades ni concesiones -ni siquiera cuando están en juego los derechos de la naturaleza-, hacia la omnipresencia de la autoridad, concentrada en el Ejecutivo. Si en algo toda la izquierda estuvo y sigue estando de acuerdo es en eso que llamaron con pompa la recuperación del Estado, la divisa misma de ese caballo de Troya -más exacto, de Alfaro-, que en su cuerpo escondía la limitación de la libertad individual.
Para ilustración miremos dos aspectos gravitantes en la vida del ciudadano común, la educación y el trabajo. La norma garantiza la libertad educativa, pero la rectoría del sistema, tanto público como privado, la ejerce el Ejecutivo, que ha uniformado mallas curriculares, metodologías y hasta detalles tan opresivos como calendarios o sistemas de evaluación. La libertad pasó a ser, en esta materia, palabra tan bonita como hueca, pues no hay elección cuando el menú es unidireccional y responde a la visión oficial.
Hay más control y hasta criminalización por la violación de garantías laborales, pero ni una línea para estimular la empresa, a pesar de ser la fuente de empleo por antonomasia. Que no falten huevos, nutridos y desinfectados, mientras se asfixia a la gallina. Aún peor: la libertad de empresa, que se protegía en la Constitución del 98, ha desaparecido del texto, que apenas se refiere al derecho de realizar actividades económicas bajo el principio de solidaridad -léase cooperativismo o producción comunitaria-. El lucro no se menciona siquiera entre los derechos de las personas, ganar bien no es compatible con el buen vivir; en contraste, hay un capítulo entero dedicado a la actividad de las empresas del Estado.
Si hablamos del debilitamiento de los derechos civiles, del autoritarismo presidencial y de la falta de una auténtica independencia y equilibrio entre las funciones del Estado, hay que recordar que fue allí, en Ciudad Alfaro, donde transformaron al Ejecutivo en el gran legislador, a través de un poder de veto hipertrofiado y de elevar las políticas públicas a la categoría de fuente de derecho, amén de un esquema de planificación centralizada que reduce y condiciona los horizontes ciudadanos. Quienes rubricaron los plenos poderes de la Constituyente, extralimitando el mandato popular, luego pusieron el germen del control de la comunicación, cuya ley listaron como prioridad. Es la misma izquierda que calló no obstante el clamor internacional ante los ataques a la libertad de expresión, derecho que les incomoda reconocer a la empresa privada. ¿Y ahora, desde la oposición, nos ofrecen el capítulo II de la revolución ciudadana enarbolando la bandera de la democracia, de las libertades, del derecho a expresarse? ¡Otro caballo de Alfaro!