Venezuela da 72 horas a diplomáticos paraguayos para que salgan del país

ASUNCION (AP) — El gobierno venezolano expulsó a los funcionarios diplomáticos de Paraguay, a los que otorgó un plazo de 72 horas para salir del país, informó este miércoles el encargado de negocios de la embajada paraguaya en Caracas.

«El martes recibí un llamado telefónico desde el viceministerio para Asuntos Latinoamericanos y del Caribe. Una funcionaria me comunicó que teníamos 72 horas para abandonar el país«, dijo Víctor Casartelli en entrevista con la radioemisora Primero de Marzo de Asunción.

Agregó que «no tenemos nada por escrito ni sabemos las causas de la drástica medida del gobierno del presidente Hugo Chávez, pero unos cuatro diplomáticos estamos haciendo las gestiones para salir del país».

«La embajada funciona en un local alquilado y permanecerá en ella un ciudadano venezolano contratado por nosotros para que la cuide y realice trabajos de mantenimiento», dijo Casartelli.

El canciller José Félix Fernández anunció a través de la misma radioemisora que «estamos en tratativas con un país amigo para que se haga cargo de los bienes de nuestra embajada… El gobierno de Venezuela tiene una peculiar forma de encarar las relaciones internacionales pero no lo juzgaré. Paraguay tiene otro estilo para sus relaciones diplomáticas».

Fernández señaló que no puede controlar «actos de otros gobiernos que no se ajustan al derecho internacional».

Miguel Carrizosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo a periodistas que el Congreso paraguayo «no cambiará su posición pese a esta desafortunada decisión de Chávez: el ingreso de Venezuela al Mercosur no será aprobado».

«Venezuela ingresó por la ventana y no por la puerta grande del Mercosur. Su incorporación fue política y no de derecho», dijo en alusión a la decisión de los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay de junio que autorizó la presencia venezolana en el bloque aduanero regional en ausencia de Paraguay, suspendido como miembro activo.

La suspensión fue un castigo de los tres países por la destitución del ex presidente Fernando Lugo en un juicio político en el Senado por mal desempeño en sus funciones.

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