Realmente no conocía de la existencia de la magnífica novela de Thorton Wilder, “Los idus de marzo”, hasta que lo leí de García Márquez, hace ya unos treinta años, en una entrevista en que le preguntaban cuál era su novela favorita sobre dictadores. Recuerdo que respondió que la había leído en Caracas, durante sus tiempos de reportero, mientras cubría la caída del general Marco Pérez Jiménez, que había sido dictador de Venezuela durante el ominoso lapso de diez años, y que en la precipitación de su fuga, creo que a la República Dominicana, dejó olvidado en la pista del aeropuerto un maletín con más de un millón de dólares en efectivo.
Llegué a Brasil en el 2005 y una de mis mayores sorpresas fue la irreverente portada de la Revista Veja, abiertamente crítica al partido de gobierno de Luiz Ignácio “Lula” da Silva, el Partido de los Trabajadores (PT). Con el pasar de los meses, la crítica no se acalló. La revista, de frecuencia semanal, traía cada vez una nueva denuncia de corrupción que en aquél entonces haría quedar en pañales los casos ecuatorianos. Hasta que se inició una serie de reportajes sobre un esquema en el cual personeros del gobierno, a través de una agencia de publicidad, y un complejo engranaje que conduciría a los hombres fuertes de Lula, el presidente de la Casa Civil, José Dirceu, principal candidato a sucesor de Lula, así como al presidente y al tesorero del PT, quienes sobornarían a representantes de cuatro partidos de la oposición en el congreso, cumplidamente, cada mes, por lo cual se bautizó el caso como “Mensalão”.
Con la reciente aprobación de un proyecto de ley en la Asamblea, ahora en manos del Ejecutivo, pareciera que a las cansadas van a dar fruto los intentos desplegados por años para borrar del mapa a los burós de crédito, entidades privadas que prestan el servicio de referencias crediticias, cuya labor ha permitido a los dadores de crédito contar con información adecuada sobre los potenciales clientes, y, con ello, facilitar la democratización y el acceso al crédito, fines perseguidos hasta por la Constitución de Montecristi (Art. 308).
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