Sin motivo aparente, de tanto en tanto recuerdo una noche pasada en un hotel de Varadero, Cuba, donde conocí a dos pintores cubanos que habían sido contratados para pintar unos murales en el sitio. Fue una conversación larga y por momentos para mí confusa. Yo venía de un país en el que la glorificación del campesino, del trabajador y la denuncia de prácticas esclavistas estaba prohibida; mucho más: estaba penada por la ley del dictador, la que llevaba él escrita en su cabeza. Enfrente tenía a dos artistas para los que la glorificación del campesino y su trabajo era una obligación. De lo contrario eran penados de distintas maneras.
Estamos a punto de arrancar la campaña electoral y, sorprendentemente, el gran debate de algunos candidatos se ha centrado no en la defensa de los derechos humanos, no en el desarrollo de la economía, no en el rescate de la institucionalidad, sino en el incremento arbitrario del bono de desarrollo humano.
Por definición todo Tribunal o Corte Constitucional es el órgano concentrado encargado de velar por la vigencia de la supremacía de la Constitución y por la regularidad del ordenamiento jurídico, expulsando a las normas inconformes con la Ley Suprema; o lo que es lo mismo, ejerciendo labores de legislador negativo. Este órgano, con el avance de la técnica ejerce, asimismo, otras potestades ciertamente relacionadas, en unos casos, con otras formas de control (como el control a priori en los casos determinados) o con la justicia constitucional (referidas a la protección de las garantías y derechos que reconoce la Constitución).
De aprobarse el proyecto enviado por el Ejecutivo respecto a la banca privada, pocas dudas existirían que ella habría sido estatizada. La medida no sería sino el último paso, o uno de los últimos pasos, que el Gobierno ha dado para que esa actividad económica pase a su completo control. Lejos están los días en que los gobiernos confiscaban o estatizaban inversiones o empresas dictando leyes o decretos en que abiertamente así lo reconocían. Hoy los gobiernos que aún creen en las bondades de tales medidas llegan al mismo objetivo de una manera indirecta, más sutil, menos explícita. Saben del costo político que significa llamar por su nombre a una confiscación, por lo que optan por etiquetarla como “reformas tributarias”, y cosas similares. Y por esa vía, por la vía de la presión indirecta, de la regulación aparentemente jurídica, llegan al mismo resultado de antaño.
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