Caracas, 16 feb (EFE).- El dirigente opositor Leopoldo López, inhabilitado políticamente en 2008, consideró hoy que la nueva imputación judicial que hoy se anunció en su contra es un gesto «cobarde» del Gobierno, que demuestra su manipulación de la justicia para «perseguir a la disidencia».
«La acción judicial demuestra una vez más la cobardía de quienes gobiernan y cómo se ponen de acuerdo quienes conforman el Estado venezolano para atropellar (…) de cómo se ponen de acuerdo para perseguir a la disidencia», señaló López a periodistas.
La Fiscalía venezolana informó hoy que citó «en calidad de imputados» a López y a su madre, Antonieta Mendoza de López, para los próximos días 28 de febrero y 7 de marzo por presuntas irregularidades en donaciones en 1998 de la estatal petrolera PDVSA, que entonces dirigía De López, al partido del líder de la oposición Henrique Capriles, Primero Justicia (PJ).
«Este no es el primer caso de atropello ni será el último y a todos los venezolanos les decimos que esto lo vamos a enfrentar con la frente en alto (…) imputen lo que imputen, nosotros estamos conscientes de que el Estado venezolano está siendo manipulado para llevar adelante una agenda política», señaló.
López, exalcalde del rico municipio caraqueño de Chacao y estrecho aliado de Capriles, fue inhabilitado por la Contraloría venezolana en 2008 por dos casos de supuesto mal uso de los recursos: en 1996 en PDVSA y en 2004 en la Alcaldía de Chacao.
La Contraloría inició el proceso de inhabilitación política en diciembre de 1998, después de que el dirigente supuestamente recibiera dinero de la gerencia de relaciones públicas de PDVSA para fundar PJ, algo que su defensa siempre negó alegando que el dinero se obtuvo tras ganar un concurso público.
El exalcalde, que llegó a presentarse como precandidato presidencial para las elecciones de octubre y finalmente declinó aliándose con Capriles, llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló a su favor en septiembre de 2011.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró «inejecutable» la sentencia y mantuvo su inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta 2014.
«Señores, no sean cobardes. Son todos unos cobardes quienes hoy manipulan la justicia, la Asamblea Nacional y los poderes públicos para mantenerse en el poder», insistió. EFE
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