Ceguera de corto plazo

Farith Simon
Quito, Ecuador

Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad, sin embargo la idea contraria parece guiar la difusión de información sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las razones que -se dice- justifican las propuestas de reforma a dicho organismo, impulsadas entre otros, por nuestro país.

Su sede se encuentra en Washington D.C., no por ser un «organismo imperial» -como afirmó una alta funcionaria gubernamental-, sino porque la Comisión es un organismo principal de la OEA, que tiene su sede en esa ciudad. En términos de costos y de facilidades migratorias, probablemente sería mejor un cambio de sede, sin embargo es claro que no está allí por su vinculación con el «imperio «.

No existe la palabra «autónoma» en ninguno de los instrumentos que regulan sus competencias, pero las reglas que rigen su funcionamiento establecen que sus miembros actúan a «título individual», respondiendo únicamente a sus convicciones al «promover la observancia y la defensa de los derechos humanos».

Los Estados Unidos no han ratificado el Pacto de San José, sin embargo la CIDH sí tiene competencia para conocer casos de ese país, y al contrario de lo que se afirma, se ha pronunciado condenando la prisión de Guantánamo, la forma en que se trata a los migrantes y la pena de muerte, entre otros temas.

De los siete comisionados(as) en funciones, una es norteamericana, los restantes provienen de varios países con sistemas jurídicos diferentes. Es un claro desconocimiento decir que la CIDH representa la visión «anglosajona» de los derechos; este órgano ha impulsado nuevas perspectivas de los derechos humanos contrarias a esa mirada, el ejemplo más claro es la importancia que ha dado a los derechos económicos, sociales y culturales.

No hay duda alguna que la Comisión requiere una reforma. Tras años de recursos limitados, acumulación de casos, acoso de parte de estados incómodos por sus accionar y nuevos retos, es necesario un cambio; pero decir que las reformas propuestas por nuestro país apuntan a su «fortalecimiento» no se corresponde con la verdad. Como han señalado varios analistas -con los que estoy de acuerdo- el verdadero objetivo es «quitarle los dientes», impedir que resuelva medias cautelares, debilitar su capacidad de acción, restarle independencia y limitar el acceso, de ciertas relatorías, a recursos económicos.

Vale la pena recordar la advertencia de Boaventura da Sousa Santos, pensador de izquierda, que acusa a los gobiernos que promueven los cambios de «ceguera de corto plazo» y ha hecho un llamado a «los activistas de derechos humanos y a todos los ciudadanos preocupados con el futuro de la democracia en el continente a detener este proceso». Esperemos que la mayoría de estados reivindiquen la trascendencia del papel de la CIDH en la región, la importancia de proteger a las víctimas, y no cedan a miradas de corto plazo.

* El texto de Farith Simon ha sido publicado originalmente en El Comercio.