Miguel Molina Díaz
Quito, Ecuador
Era el 6 de septiembre de 1979 cuando una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegó por primea vez a la Argentina. Fue la primera visita in loco a ese Estado miembro de la OEA. Durante toda la visita, que duró hasta el 20 de septiembre, se recibió denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el territorio argentino.
De hecho, fueron precisamente esas sanguinarias dictaduras del Cono Sur y Centro América las que motivaron el largo proceso de impulso y consolidación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que llegó a su punto más alto con la entrada en vigencia del Pacto de San José y la creación de la Corte Interamericana. Pero el Pacto de San José no sería suscrito y ratificado por los 35 miembros de la OEA, por tanto la competencia de la Corte no tutelaría a todo el continente. Y ese es el sentido en el que vale la pena el análisis de la importancia de la Comisión que, como organismo principal de la OEA, es el único foro cuyo alcance para proteger los derechos humanos cubre a todos los habitantes de este continente.
Al gobierno ecuatoriano, del mismo modo que en el pasado ocurrió con Fujimori y Pinochet, le molesta la intromisión de la Comisión. Le molesta, sobre todo, las medidas cautelares que ese organismo emite en contra de los Estados ante una amenaza real de violación de los derechos humanos de ciudadanos en casos expresos. Esto a raíz de que la Comisión dictó ese tipo de medidas en contra del Ecuador por la medieval sentencia que condenó a Emilio Palacio y los directivos del Diario El Universo al pago de 40 millones de dólares y privación de la libertad por 2 años. Incapaz ha sido el Ecuador de comprender el Sistema Interamericano. Ni la libertad. Ni los derechos humanos. Arremete a esa misma Comisión Interamericana que dictó medidas cautelares en contra de los Estados Unidos por el caso de nuestro compatriota Nelson Serrano.
La política internación del Ecuador es una historia plagada de contradicciones y ridículos. De eso se dieron cuenta las Cancillerías del continente que, ante el irracional discurso del presidente Correa, decidieron en Guayaquil abandonar a la demagogia ecuatoriana y respaldar un proceso de reforma que apunte al fortalecimiento del sistema. Así es como las inauditas pretensiones ecuatorianas quedaron aisladas. Tiene algo de razón el Ecuador, sin embargo, en pedir que la nueva sede de la Comisión salga de Estados Unidos, no para evitar la intromisión imperial (que es el peor de los pretextos que hasta ahora han utilizado), sino por un tema logístico pues es un problema para las victimas comparecer cuando existe el impedimento de la visa. Pero eso, tampoco entiende ni entenderá el Canciller Patiño, incapaz de comprender el fracaso de sus últimos viajes pidiendo apoyo y de la reunión de Guayaquil.
¿Por qué, Canciller Patiño, no le pregunta a la familia de nuestra compatriota Consuelo Benavides si es procedente debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Ecuador por haberla desaparecido? ¿Por qué también no le pregunta al poeta Juan Gelman, que perdió a sus hijos en manos de la dictadura de Videla? ¿A los torturados, a las violadas, a los huérfanos? ¿Incluso a todos a quienes las medidas cautelares (que se deben cumplir por el simple principio de Buena Fe) han salvado la vida?
La Comisión y la Corte del Sistema Interamericano son las únicas instancias jurisdiccionales en las que el gobierno de la Revolución Ciudadana no ha metido la mano. Son tiempos difíciles, evidentemente. Pero estoy convencido de que al final de esta fea y triste historia, esta batalla la ganará el Sistema de Derechos Humanos y no los gobiernos populistas y autoritarios (que por más que duren, tienen que terminarse algún día). Y sí, ese día llegará.