Bernardo Tobar
Quito, Ecuador
El 28 de septiembre de 2009 el Ejecutivo solicitó a la Asamblea Nacional la autorización para denunciar todos los tratados bilaterales de fomento y protección recíproca de inversiones, conocidos en la jerga internacional bajo el acrónimo BIT. Tales tratados sobre inversiones tienen una parte sustantiva, es decir los derechos que se reconocen a los inversionistas -no muy diferentes y en algunos aspectos inferiores, dicho sea de paso, a los que promovió el Gobierno actual en 2010 a través del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)-, y una parte adjetiva, el arbitraje internacional. Esta última parte fue utilizada como pretexto por la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional para concluir que ciertas normas sobre arbitraje contenidas en los BIT son incompatibles con el artículo 422 de la Constitución, habilitando la denuncia de tales tratados, con la curiosa excepción de los que vinculan a Chile, Venezuela, Países Bajos y China. La denuncia se procesó en pocos casos y ha permanecido en suspenso respecto de la mayoría. Hasta ahora, que esta espada de Damocles parece balancearse nuevamente.
El mencionado artículo 422 no es incompatible con el arbitraje internacional, tanto que el COPCI, promulgado en 2010, lo contempla expresamente, y que con posterioridad a la aprobación de la Constitución este Gobierno lo ha pactado en contratos con empresas privadas, aplicando específicamente el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, opción usualmente contemplada también en los BIT.
Tema legal aparte, más bien la incógnita es por qué el Ejecutivo, que ahora tiene todos los vientos a su favor y la oportunidad inédita en la historia republicana de convertir al Ecuador en el más atractivo destino para las inversiones productivas en la región, vuelve no obstante a la carga sobre un asunto que, si bien por sí solo no es crítico, al añadirse a otras señales equívocas, hostiles hacia la integración, y al manejo poco afortunado -por decirlo sutilmente- de la política exterior, puede resultarle contraproducente si efectivamente se propone cumplir en este nuevo período presidencial con los planes que tan consistentemente ha anunciado y que resultan indispensables para el sostenimiento del modelo y la renta estatal, entre ellos la refinería del Pacífico, generación hidroeléctrica, energías alternativas, nuevas inversiones en exploración para ampliar las reservas petroleras y el despegue de la minería a gran escala, que todavía no prende motores en espera de una reforma que haga financiera y jurídicamente viables los grandes proyectos de inversión, virtualmente estancados por una ley minera que se expidió de espaldas a la industria, según el tiempo lo ha comprobado.
Aun para aquellos proyectos que se financian, al menos parcialmente, con deuda e inversión públicas, las señales negativas a los mercados de capitales terminan encareciendo las tasas de interés y reduciendo los flujos, que aterrizan en campo de la competencia inmediata, esto es Perú y Colombia. En último análisis, es el empleo local el que se resiente en beneficio del mercado laboral allende las fronteras.
* El texto de Bernardo Tobar ha sido publicado originalmente en el diario HOY.