Carlos Larreátegui
Quito, Ecuador
Hoy arranca un nuevo período presidencial bajo una ecuación política que no tiene precedentes en la historia reciente del Ecuador. Como era previsible, la oposición llega al Congreso fragmentada y confinada a un espacio minúsculo. Lo más grave, empero, es que arriba sin nociones claras sobre el rol que debe asumir dentro de un sistema político diseñado para que el Ejecutivo ejerza un poder político absoluto, sin balances ni contrapesos.
La falta de programas y estrategias articuladas es claramente notoria en los grupos de oposición y traduce su total desconcierto. No podemos negar que la oposición está severamente constreñida y que es muy poco lo que puede hacer al interior del Congreso.
Sin representación en las comisiones ni influencia en la fijación de la agenda legislativa, la presencia de la oposición servirá tan solo como un ligero barniz democrático para disfrazar un esquema que no reúne los elementos básicos de una democracia representativa. Se dirá que en democracia las mayorías mandan y que el oficialismo, al haber arrasado en las elecciones de febrero, tiene todo el derecho de copar la Asamblea. Se olvida, sin embargo, que una democracia está obligada a consagrar reglas, protección y espacios para las minorías legislativas, algo que el modelo legislativo patentado por Fernando Cordero se encargó de liquidar.
Por ello, los legisladores de oposición no pueden aspirar a ser escuchados al interior del Parlamento y, peor aún, a influir en las decisiones relevantes. Pocos serán los aportes que puedan realizar en materia jurídica y normativa. En contraste, existen buenas posibilidades de contribuir en el campo del control político y la fiscalización, una tarea que los legisladores de oposición deberán ejecutar extramuros y en relación directa con los medios independientes y la opinión pública.
No se puede olvidar que el único mecanismo de presión eficaz contra los socialismos del siglo XXI es la opinión de los ciudadanos y que los gobernantes descifran con cuidado las encuestas y sondeos antes de adoptar cualquier decisión.
En los últimos días, algunos medios y voceros oficiales han criticado con dureza la falta de acuerdo entre los grupos de oposición representados en el Congreso. Bajo el escenario actual, sin embargo, poco cuentan las alianzas legislativas y, al contrario de lo podría pensarse, los acuerdos a ultranza podrían resultar perjudiciales para ciertos movimientos.
Meter en un mismo saco a todos legisladores de oposición sería un «bocado de cardenal» para el oficialismo y facilitaría su habitual tarea de ataque y desprestigio. En consecuencia, resulta más inteligente y eficaz que ciertos congresistas y movimientos actúen por cuenta propia bajo una estrategia responsable y finamente diseñada. Más vale solos que mal acompañados.
* El texto de Carlos Larreátegui ha sido publicado originalmente por el diario El Comercio.