Mientras que la institución de la inmunidad diplomática ha puesto a salvo a un embajador de las posibles acciones judiciales en su contra por su deplorable conducta, la inmunidad parlamentaria de los asambleístas ha sido prácticamente eliminada. Gracias a una increíble decisión judicial que contradice abiertamente el texto y el espíritu constitucional, así como los precedentes, la presentación de una denuncia ante la fiscalía por asuntos de interés públicos resulta ahora que es un acto ajeno a la función fiscalizadora de los representantes elegidos popularmente. Hay inmunidad para agredir a particulares en un supermercado, pero no la hay para fiscalizar a los poderes públicos.
No resulta fácil entender la estrategia diplomática del actual Gobierno de Venezuela. En la última semana aproximadamente se indispuso, – una palabra más suave para referirse a lo que realmente sucedió, – con el Gobierno del Perú atacando a su canciller Rafael Roncagliolo de «injerencista» en la política interna del país, de «haber cometido el error de su vida» y llamando a consulta al embajador venezolano en Lima.
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