Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Ahora que en el mundo está en debate la cuestión de si los proveedores de motores de búsqueda en Internet (como Google) tienen la obligación de retirar de sus bases de datos la información que, por circunstancias posteriores, requeriría ser simplemente modificada o corregida, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha dado un primer paso para rechazar la tesis que pretende imponer semejante «obligación», que terminaría rayando en condenable tapadera. El abogado general de dicho tribunal ha dictaminado que «una autoridad nacional de protección de datos no puede requerirle… …que retire información de su índice».
Los defensores del llamado derecho al olvido pretenden, voy a asumir que de buena fe, que los hechos que a uno lo avergüenzan pasen a guardarse en un gigantesco clóset; que desaparezcan de la memoria colectiva. Empero, los efectos públicos de lo que se presenta como un inocente derecho individual serían nefastos. Por ejemplo, la historia pudiera reescribirse siempre, a gusto del momentáneo dueño de la pluma, para que se «olvide» sus pecados. Dicho «derecho» impediría también poder ensalzar a quien cae y se levanta; llevaría, por el contrario, a fingir que nunca nada ocurrió. Y si bien esto último en apariencia es tentador -el Ecuador, v.gr., pudiese borrar de sus libros de historia el nefasto régimen de Lucio Gutiérrez- en realidad pudiera impedir que nuevas generaciones -recordando los hechos- vuelvan a meter la pata.
El derecho a la memoria y al conocimiento de los hechos completos no puede ser eliminado de un plumazo; menos cuando se afecta intereses públicos. Eso sucede, por ejemplo, cuando se elimina de las bases de datos el récord crediticio -el bueno y el malo- de las personas, pues se pone cortapisas para que los bancos midan adecuadamente los riesgos que asumen con fondos que al final del día son del público. Por eso en el pasado proliferaron deudores tramposos, igualitos al testaferro argentino que hace poco le sacó $800.000 a Cofiec, quien supongo también quisiera beneficiarse ahora, ya no del dinero del Estado, sino del derecho al olvido. Atraco perfecto sería.