Según reporta Diario El Universo, quienes aportaron con dinero en favor de la iniciativa Yasuní-ITT, podrán exigir la devolución de sus recursos si estos superaron el «umbral mínimo» de cincuenta mil dólares.
El Gobierno constituyó un fideicomiso internacional y otro nacional. La mayor parte del dinero está en el fideicomiso internacional, que es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El fideicomiso nacional es administrado por la Corporación Financiera Nacional (CFN).
Las cláusulas de los fideicomisos señalan que los valores “por debajo del umbral mínimo” representarán una donación y, por tanto, no se extenderá un Certificado de Garantía Yasuní (CGY).
Son alrededor de $ 10 millones, según Ivonne Baki, pero de esta cantidad solo unos siete millones habrían sido refrendados en CGY.
El fideicomiso internacional establece que los tenedores de CGY tendrán derecho a ser reembolsados por el Gobierno en el equivalente al valor nominal de los CGY en dólares, en caso de que el régimen ecuatoriano incumpla su compromiso y no preserve el petróleo bajo tierra.
El PNUD y el Gobierno firmaron el acuerdo en agosto del 2010.
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