La Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador, representadas por Elizabeth Molina, Pilar Pallares, Patricia Cevallos y el asesor legal, Máximo Rivera, pidieron en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que se considere al trabajo sexual dentro de la legislación laboral ecuatoriana y sean reconocidos sus derechos, como el de la seguridad social, según informó la web de la Asamblea Nacional.
Además, propusieron la penalización de la explotación sexual y la trata de personas y armonización de las ordenanzas para fortalecer los procedimientos en los territorios.
Explicaron que son aproximadamente 75 mil trabajadoras sexuales en el país, de las cuales 50 mil realizan esta actividad en las casas de trabajo sexual y las 25 mil restantes encuentran a sus clientes en plazas, parques entre otros sitios.
«No vendemos nuestro cuerpo, sino nuestros servicios», aseguró Molina, al pedir que se conforme una mesa para tratar estos temas considerados por muchos como «mitos».
El presidente del organismo Legislativo, Félix Alcívar, resaltó que no se puede invisibilizar estos temas y hay que tratarlos con absoluta objetividad, al indicar que es importante recoger estos criterios en momentos que empiezan a discutir en el Ecuador un nuevo Código de Relaciones Laborales.
A su vez, la vicepresidenta Betty Carrillo subrayó que la petición de las mujeres es válida, tomando en consideración que este grupo tiene los mismos derechos que el resto de las personas que realizan una actividad, a la vez que enfatizó que es importante evitar que unas personas se enriquezcan a costa del cuerpo de otras.
Carrillo explicó que en un fin de semana ciertas casas de tolerancia tienen un ingreso aproximado de 150 mil dólares en sitios en donde se cobra 15 dólares por cliente y trabajan en condiciones insalubres y si una mujer deja de trabajar no solo que no cobra sino que las multan.
La comisión resolvió enviar la documentación al Ministerio de Relaciones Laborales para que analice el caso en la construcción en la nueva legislación laboral.
* Fotografía del 23 de octubre de 2013, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, publicada por la web de la Asamblea Nacional.